n una conferencia de prensa realizada durante la mañana de ayer, los integrantes de la Comisión de Lucha de la Cooperativa Renacer pidieron que la Justicia de Tierra del Fuego inicie el juicio expropiatorio y respondieron las denuncias realizadas por sectores de trabajadores disidentes respecto del trabajo de menores de edad, los balances de la administración y el supuesto desplazamiento de aquellos que no están de acuerdo con la conducción de la empresa.
Darío de los Santos negó que se excluya a algún trabajador por pensar diferente, y aseguró que desde hace 5 años el lineamiento de la cooperativa es el de "la recuperación del trabajo digno". Redujo el tema a cuestiones personales y consideró que los denunciantes "tienen el fin solamente de acceder al Megapase", argumentando a su vez que las acusaciones forman parte de una política de gobierno impulsada por el Ministro Coordinador, Enrique Vallejos, para "terminar con la cooperativa". "Por estos días hemos tenido citaciones municipales y del Ministerio de Trabajo, y esto no es casual", enfatizó el dirigente.
Además, con relación a los balances económicos de la gestión que la Comisión de Lucha lleva adelante, sostuvo que hay documentación que respalda los destinos de los fondos a los que accedió la cooperativa para las producciones.
Por la denuncia del trabajo de menores
Beatriz Slaen, patrocinante legal de la Cooperativa Renacer, se refirió a las acusaciones respecto de que unos 15 jóvenes se encuentran realizando tareas de capacitación en la empresa. Sostuvo que a nivel nacional existen convenios entre distintas empresas y el Ministerio de Educación, donde se contratan menores para capacitación, y señaló que se pretende labrar un convenio con el gremio docente para dicha actividad.
Indicó que incluso los padres de dichos jóvenes presentaron una autorización por nota para los trabajos que realizan, agregando que "esto tendría que ser tomado no en el aspecto negativo sino en el aspecto positivo, porque está claro que aun en el tema de capacitación, en el que también está enterado el Gobierno, vamos a hacer todos los papeles que corresponden". Y remarcó que "la reactivación de la fábrica también implica dar trabajo a una juventud que lo necesita".
Con relación a los balances económicos cuestionados, la abogada sostuvo que "se está trabajando con el tema del balance, tenemos los libros, están rubricados, están abiertos para que se puedan conocer y están correctamente hechos". Y subrayó que todo el proceso "se ha ido informando en más de una asamblea y no se han tomado decisiones de forma solitaria ni unilateral".
La palabra de Acosta
La máxima dirigente de la Cooperativa de Trabajadores, Mónica Acosta, también se refirió a las denuncias efectuadas por Norma Torres y les restó importancia, aunque volvió a reiterar que las acusaciones se enmarcan en el contexto del pedido de que se inicie el juicio expropiatorio. "No es casual que este tipo de declaraciones se hagan ahora, en un momento donde estamos cerca de lograr los títulos de propiedad de la fábrica", consideró la dirigente. Y señaló que "son el mismo tipo de declaraciones que aparecían durante la época de Manfredotti". "Las declaraciones de esta señora vienen de gente que no se acerca a trabajar a la fábrica desde hace más de tres años", concluyó.
Reclaman que se entreguen los títulos de propiedad
Los representantes de la Comisión de Lucha solicitaron en la conferencia de prensa que la Justicia provincial inicie el juicio expriopiatorio, ya que esto finalizaría el proceso de cesión de las plantas que alguna vez pertenecieron a la empresa Aurora Grundig y permitiría cerrar las cuestiones jurídicas que, según manifestaron los trabajadores, son demandadas por los privados con el objeto de avanzar en negociaciones para la producción.
Remarcaron que la importancia del comienzo de la medida judicial radica en que se lograrían los títulos de propiedad, y esto es una de las garantías que pide, por ejemplo, la empresa Sanyo para analizar nuevos trabajos.
Darío de los Santos explicó que "ellos nos plantean que no tener los títulos de propiedad en cabeza de la cooperativa no da las garantías jurídicas necesarias para avanzar en algún tipo de negociación más grande, ya que en este momento con Sanyo tenemos un trabajo a fasón de inyección plástica y podríamos pasar a hacer inclusive la línea blanca, que es en lo que ellos están interesados".
"Esta situación es algo necesario para nosotros, algo que en este caso Hugo Cóccaro conoce bien el detalle, como lo fue también en su momento la importancia del pago de la expropiación", comentó el dirigente.
