15 días de la prescripción de la acción penal, la Justicia hasta el momento no ha podido constituir el Tribunal de Juicio para que juzgue a los ex directores del Banco Tierra del Fuego acusados de defraudación a la Administración Pública por haber otorgado y refinanciado créditos a deudores morosos de la entidad durante 1995 por montos millonarios.
Luego de que el Superior Tribunal de Justicia firmara la acordada 43/06, para adoptar un procedimiento excepcional que permita seleccionar un abogado de la matrícula para que actúe de conjuez en el Tribunal de Juicio y así poder juzgar a once ex directores del Banco Tierra del Fuego acusados de presunta defraudación, hasta el momento no ha podido surtir efecto.
Luego de la firma de la resolución del Alto Tribunal, que permitiera dar una solución a la conformación del Tribunal, fueron designados por sorteo cinco abogados, aunque fueron recusados o se excusaron de actuar. Primero resultó elegido el doctor Félix Santamaría; luego el doctor Miguel Ángel Suárez; Juan Carlos Larrouyet; Carlos Cano; y últimamente resultó elegido el doctor Héctor José Monteros, quien se encuentra en carrera y por ahora sería el conjuez que constituya el Tribunal de Juicio junto a los jueces Javier de Gamas Soler y Horacio Maffei.
En la causa caratulada "Rodríguez Osvaldo y otros s/defraudación a la administración pública", se investiga la conducta del directorio del BTF durante 1995, debido a que con distintos tipos de responsabilidades se otorgaron y se financiaron créditos millonarios a deudores morosos del Banco de la Provincia. Según la fiscalía, están imputados Delcio Daniel Rochón, Osvaldo Manuel Rodríguez, Ramón Segundo Gallardo, Servando Dieguez, Horacio Emilio Muñoz, Sergio Ricardo Bello, Norberto Luis Pavlov, Jorge Forneron, Carlos Alberto Pastoriza, Atsushi Kida y Juan Luis Pedro Ramos.
El juicio se debería haber realizado hace más de dos años, pero las defensas de los acusados han planteado distintas medidas, entre ellas la prescripción de la causa (extinción de acción penal), que ahora tramita a través de un recurso de queja ante la Corte Suprema. Pero a esto hay que sumarle que en la revocatoria de un sobreseimiento que había dictado el Tribuna de Juicio a favor de Rochón, por la valoración de la calificación legal y la aplicabilidad de la teoría del delito continuado, el Superior Tribunal apartó a los jueces naturales que debían realizar el juicio, y ahora desde el año pasado no hay jueces que puedan constituir un nuevo tribunal.
A esto hay que sumarle las presentaciones de las defensas tendientes a dilatar el proceso, teniendo en cuenta que el 6 de junio estaría prescribiendo la acción penal y por ende los directores quedarían eximidos de culpa y cargos. Sólo basta señalar que ayer un abogado de Buenos Aires presentó un incidente de nulidad que deberá ser resuelto a la brevedad por la Corte fueguina. Y hasta el mismo día de la prescripción se aguardan más recursos dilatorios para que el juicio no se realice.
