os jueces de la Cámara de Apelaciones confirmaron un fallo de primera instancia mediante el cual se condenó a la Dirección Provincial de Energía por los descuentos efectuado a los trabajadores del organismo durante el año 2002. Los integrantes de la Sala Civil cuestionaron el ajuste realizado en la DPE por el gobierno de Carlos Manfredotti, señalando que el decreto no contempló ningún tipo de compensación. De no interponer ningún recurso extraordinario, Energía deberá pagar cerca de 30 mil pesos a cada empleado que vio afectado sus haberes.
Los jueces de la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones confirmaron la resolución de primera instancia y condenaron a la Dirección Provincial de Energía por haber avalado la reducción salarial a los empleados dispuesta por decreto del gobernador Carlos Manfredotti, sin haberse dispuesto ninguna medida compensatoria al respecto.
Los camaristas Josefa Haydé Martín y su par Francisco Justo de la Torre, confirmaron la resolución del juez Laboral de Ushuaia, Guillermo Penza, dictada en agosto del año pasado, donde se condenó a la dirección por los descuentos salariales efectuados a los trabajadores de Energía. Por aquel entonces el juez de primera instancia también declaró inconstitucionales dos decretos de ajuste firmados por el gobierno Manfredotti.
Los empleados sostenían en su demanda que fueron objeto de descuentos salariales ilegales a raíz del dictado y aplicación del decreto provincial Nº 51/02 y de la resolución de la DPE Nº 39/02. Ambas normas, a entender de los trabajadores, resultaban nulas por incumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 99 y 110 de la ley provincial 141.
Además alegaron que la decisión unilateral de modificar una escala salarial aprobada convencionalmente significa la lesión de derechos constitucionales al concretar convenios colectivos de trabajo y de propiedad. El primero de los decretos de Manfredotti, dictado en 2002, establecía una reducción salarial que rondaba el 40% durante el primer año de vigencia. Luego hubo otra norma del mismo tenor que sostenía la reducción de haberes, aunque en un 25%. Esta rebaja permanece en la actualidad.
El doctor Gonzalo García, representante de casi 40 empleados de Energía, sostuvo en su demanda que el ajuste no encontraba encuadre dentro de la emergencia económica que regía para la administración central. Y para colmo, anotó que a diferencia de los empleados públicos, los trabajadores de la DPE no tuvieron una reducción en la carga horaria ni licencia compensatoria como sí se dio en el resto de la administración.
Penza hizo lugar a los 39 trabajadores recordando que la Corte Suprema de la Nación ha reconocido como justa la afectación de los derechos patrimoniales –en este caso la remuneración salarial– frente a acontecimientos extraordinarios, para no afectar el derecho de propiedad el ajuste debe ser compensado.
La jueza Martín en su voto, sostuvo que "la actividad del Estado tiene límites", y en lo referente a los sueldos de los empleados, "debió prever ya sea su reintegro o en su defecto algún tipo de compensación, pues de lo contrario se encuentra modificada la esencia del derecho a percibir, llegando a perder el agente dicho derecho de manera terminante". Reforzando su línea argumental, también sostuvo que el decreto Nº 51/02 y la resolución de la DPE Nº 32/02, al no establecer un mecanismo compensatorio de disminución salarial, "muta la esencia misma del derecho adquirido a percibir el salario establecido, pues limita la recepción de los montos establecidos, sin preservar su percepción a futuro al no prever algún tipo de restitución o compensación de los descuentos soportados por los demandantes".
Por este motivo, se confirmó la condena contra Energía y deberá pagar a los 39 empleados la suma de pesos que resulte de la liquidación definitiva más las tasas que establece el Banco Tierra del Fuego. Los montos a percibir rondarían los 30 mil pesos por agente, por lo que la DPE tendría que pagar más de un millón de pesos, solamente por este grupo de demandantes.
No obstante, la suma a desembolsar podría incrementarse notablemente, teniendo en cuenta que los empleados a los que se le debería devolver lo descontado rondarían las 80 personas.
