Legislatura - Ultima sesion ordinaria de 2006

¡Ho, ho, ho! Navidad legislativa

25/12/2006
A

modo de presente de navidad y fin de año, la Legislatura despidió el período de sesiones ordinarias 2006 regalándole al Gobierno la aprobación de la ley de presupuesto 2007, la creación de RENASA y la modificación de la ley de dietas, lo que determinó que a partir del primer día hábil del año entrante el Gobernador cobre una remuneración mensual de 15 mil pesos y que la dieta de los propios legisladores trepe a los 13.500 pesos al mes. También se aprobó elevar a 9,2 millones de pesos el monto indemnizatorio para hacer frente a la expropiación de la quebrada Electrodomésticos Aurora.
Lo prolongado del último encuentro parlamentario de este año y algunas disidencias entre oficialismo y oposición resultaron determinantes para impedir que se sancionara una nueva ley tarifaria y se autorizara al Gobierno a contraer un endeudamiento por hasta 200 millones de pesos.
La 12º sesión del año transcurrió en medio de un marcado clima deliberativo entre los legisladores del oficialismo y de las bancadas mayoritarias de la oposición, y con un llamativo escaso marco de público, sobre todo cuando era sabido que se tratarían durante la misma temas que habían resultado irritantes para distintos sectores de la sociedad fueguina.
Salvo un grupo de integrantes de la cooperativa Renacer y de ex trabajadores de la quebrada Electrodomésticos Aurora, y de una reducida cantidad de dirigentes del gremio docente, el sector destinado al público fue ocupado mayoritariamente por personal de los bloques legislativos.

Presupuesto sin debate

La aprobación del presupuesto 2007 enfrentó un fácil y nada traumático aunque algo extenso tratamiento en sesión. La demora no estuvo dada por las fundamentaciones a favor o en contra del proyecto, sino por los cerca de 40 minutos que demandó la lectura de los 35 artículos que componen la ley.
Al margen de ello, al arista José Martínez le demandó unos 15 minutos reiterar la oposición de la bancada que integra a la iniciativa en cuestión. La votación arrojó un anunciado resultado de 13 votos por la afirmativa contra 2 por la negativa.

RENASA o la invasión "yanqui"

De no haber sido por la encendida y por momentos desopilante defensa que hizo el oficialista Luis Velásquez de RENASA, el tratamiento de la ley de creación de la empresa Recursos Naturales Sociedad Anónima habría pasado sin pena ni gloria a los anales del Parlamento fueguino.
Luego de que desde la bancada del ARI se fijara rápida postura contraria a la creación de la sociedad anónima pidió la palabra el presidente del bloque oficialista "Frente de Unidad Provincial". Aún cuando durante esa misma semana había planteado serias dudas sobre la propuesta gubernamental, en sesión Velásquez no dejó argumento de lado para defender la necesidad de que Tierra del Fuego pudiera contar con RENASA. El argumento más insólito de todos los escuchados fue que de no explotarse en el corto plazo los recursos hidrocarburíferos, Tierra del Fuego enfrentaba el potencial riesgo de ser invadida por los Estadios Unidos para hacerse, como lo hizo en Irak, de ese recurso natural no renovable. Podría decirse entonces que el viernes de la semana pasada el Parlamento aventó toda posible pretensión "invasora yanqui".
Además de desnudar la falta de seriedad de los argumentos esgrimidos para defender RENASA, el tratamiento y aprobación de la ley sirvieron para blanquear las disidencias que existen dentro de los bloques mayoritarios, como así también la falta de valentía de algunos legisladores para defender sus ideas. Al momento de votarse el proyecto, la mopofista María Vargas y el justicialista Carlos Saladino se retiraron del recinto. A diferencia de ellos, la justicialista Nélida Lanzares –quien al igual que los otros dos había adelanto su oposición al proyecto– votó en sintonía con el ARI por la negativa. Esto llevó a que la controvertida iniciativa fuera aprobada por 10 votos afirmativos, 3 negativos y 2 ausencias o abstenciones.

Recuperación del poder adquisitivo

En abierta contradicción con el artículo 95 de la Constitución, que determina que la dieta de los legisladores "no podrá ser alterada durante el período de sus mandatos, salvo cuando la modificación fuere dispuesta con carácter general para toda la administración pública", el Parlamento aprobó por mayoría fijar en 15 mil pesos la remuneración del Gobernador y en 13.500 pesos la suya. El aumento, que implica un incremento del 50% respecto de las actuales retribuciones de ley, comenzará a regir el 1 de enero de 2007. La propuesta impulsada por el radical Jorge Bericua consiguió el mayoritario respaldo de sus pares y la censura de los aristas Raimbault y Martínez. El justicialista Saladino no votó por estar ausente.
El autor del proyecto defendió la actualización de dietas argumentado que la retribución del Gobernador y legisladores se mantuvo inalterable desde diciembre de 1996. Recordó que en 1992 se determinó que la remuneración del Gobernador fuera de 9 mil pesos y la dieta de los legisladores equivalente al 90% de ese monto, pero que a fines de 1996, por imperio de la emergencia económica que vivía la provincia, se redujo el haber del mandatario a 7500 pesos al mes. Indicó que durante ese mismo lapso de tiempo los salarios de los empleados de la Administración Central experimentaron un incremento del 67,71%, el que fue aún más importante en otras dependencias del Estado, y de allí la necesidad de adecuar el nivel de la remuneración del mandatario fueguino.

Objetan obra en el Puerto de Ushuaia

La comisión legislativa de seguimiento estratégico resolvió solicitar a las autoridades de la Dirección de Puertos la paralización del proceso licitatorio de la obra de ampliación del frente de atraque y de la plazoleta fiscal del puerto capitalino. La resolución fue adoptada el viernes pasado con los votos de Angélica Guzmán (PJ) y José Martínez (ARI), la oposición de Miguel Portela (MPF) y la ausencia de Patricia Pacheco (FUP). La decisión motivó que Portela renunciara a la presidencia de la comisión creada por mandato de la ley provincial 602. El mopofista, autor de la mencionada ley, consideró que sus pares habían incurrido en un exceso interpretativo de la norma que obliga a que las obras de infraestructura portuaria deban contar con autorización parlamentaria.


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