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l Consejo de la Magistratura sentó una firme postura en la sesión de ayer ante la indefinición de la causa que tiene frenado el concurso para elegir al juez del Superior Tribunal de Justicia, y emitió dos oficios para que la Justicia envíe copias de las causas y de esta manera saber en qué estado se encuentran las mismas.
Por unanimidad, los consejeros María del Carmen Battaini (jueza del Superior Tribunal; Virgilio Martínez de Sucre (Fiscal de Estado); Enrique Vallejos (Ministro Coordinador); Sergio Saud (abogado por Río Grande); Oscar Suárez (abogado por Ushuaia); y Roberto Frate (legislador del MPF), decidieron enviar un oficio al juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial para que el juez Laboral, Guillermo Penza, a cargo del expediente, envíe copia de la causa para saber cuál es el estado de la misma. Lo propio hicieron con otro oficio que partió hacia la Cámara de Apelaciones con el mismo fin, atento a que hay un incidente de recusación que aún no ha sido resuelto en esos estrados.
La reacción de los consejeros es un intento por lograr mayor celeridad en el proceso y que la cuestión sea definida en el corto plazo. No obstante, va aún más allá, teniendo en cuenta que algunos de los integrantes del cuerpo siguen considerando que se ha restado autonomía institucional a un órgano consagrado constitucionalmente que se ve impedido de tomar decisiones.
El descontento con el juez Guillermo Penza por haber convertido el amparo presentado por el legislador del ARI Manuel Raimbault en una causa de protección de intereses difusos no estuvo al margen en la reunión de ayer. Al igual que el año pasado se oyeron voces de desacuerdo por parte de algunos representantes, teniendo en cuenta que técnicamente consideran absolutamente fuera de lugar que se haya suspendido el concurso para elegir al juez –como lo solicita Raimbault– con los alcances jurídicos en los que se ha encuadrado.