l Juzgado de Competencia Ampliada de Río Grande falló que la empresa Cóccaro Hermanos debe cancelarle al Fondo Residual una deuda de $1.147.477 por una operación de alquiler de bonos y saldos de cuentas corrientes, por la que se le reclamaban $22.444.906. Copia de la pericia contable que sustentó la sentencia fue remitida al Fiscal en turno para que analice si se debe instar acción penal contra funcionarios o ex funcionarios de la entidad. El Fondo Residual deberá resolver si apela o consiente la sentencia, para lo que solicitaría la opinión del Tribuna de Cuentas.
La Justicia falló a favor de la pretensión de la empresa constructora Cóccaro Hermanos, al reconocer que la firma adeuda al Fondo Residual solamente 1,1 millón de pesos y no los más de 22,4 millones que se le reclamaban por una operación de alquiler de bonos y saldos de cuentas corrientes, ello en función de la cesión de deuda que realizara el Banco Tierra del Fuego al organismo creado por ley 478.
La jueza Herráez sustenta su sentencia en el resultado de la pericia contable que –a pedido del juzgado interviniente– le tocara realizar al contador Heraclio Lanza, a la que calificó de incuestionable técnicamente. Además cuestiona con severidad la conducta del Banco de la Provincia en la cuestión bajo análisis, ya que asevera que "la falta de acabadas constancias bancarias, así como las deficientes registraciones en la contabilidad del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego se erigen en una contingencia de gran significación" para la resolución de la controversia, por lo que resolvió remitir copia "de la pericia de autos al Fiscal en turno, a los fines que éste estime corresponder".
El próximo viernes 30 vence el plazo para que el Fondo Residual pueda apelar la sentencia de primera instancia. Según trascendió, el administrador de ese organismo, Leonardo Plasenzotti, solicitará opinión al Tribunal de Cuentas sobre el criterio a seguir, habida cuenta que existe un informe del órgano de control que validaría el resultado de la pericia contable que funda el fallo judicial.
De desistirse de la vía recursiva, la sentencia quedará firme y se abrirá entonces la instancia para la cancelación de la deuda. Llegada esa instancia, el grupo empresario podría quedar liberado del pago de la obligación mencionada sin desembolsar un solo peso, ya que desde 2002 están en poder del Fondo Residual títulos públicos por $1.154.000 que fueran entregados por Cóccaro Hermanos en parte de pago de su deuda, y que no habrían sido aplicados a tal fin.
Por haber resultado vencido en el juicio, el Fondo Residual deberá afrontar el pago de las costas del juicio, las que para el abogado de Cóccaro Hermanos, Daniel Amena, se estima rondarán el 10% del valor de la deuda reconocida como tal por la Justicia, lo que equivaldría a unos 114 mil pesos.
La sentencia dictada el 2 de septiembre de este año recién fue notificada a las partes esta semana, luego de que fuera resuelto el recurso de aclaratoria que había interpuesto el Fondo Residual.
Otros 5 millones en juego
Agotada y resuelta la instancia judicial en torno a la deuda generada por la operatoria de alquiler de bonos al BTF, el Fondo Residual y el grupo Cóccaro deberán resolver judicialmente la suerte de otra deuda de capital que ronda los 2,3 millones de pesos. Esta deuda estaría correctamente documentada, por lo que se descarta una sentencia favorable al Fondo Residual por cerca de 5 millones de pesos, por aplicación de los intereses de ley.
Extraoficialmente se mencionó que llegada esa instancia, el grupo empresario ofertaría pagar el monto adeudado en condiciones similares a las establecidas en el régimen transitorio de regulación de deudas creado por la ley 692, pero en un plazo no mayor a los 10 años, en lugar de los 30 que preveía la mencionad norma.
En el mejor de los casos, el Fondo Residual podría recuperar unos 5 millones de pesos de una duda que le fuera transferida por más de 23 millones, lo que parece dejar en claro el descontrol administrativo y contable con que se manejó el BTF durante parte de su vida institucional.
