nte la inminente finalización del receso parlamentario, los legisladores se están preparando para afrontar su primer período ordinario de trabajo. En este marco, el radical Gabriel Pluis ya comenzó a delinear el cronograma de actividades de la comisión que preside.
Señaló que en función de los compromiso asumidos a fines del año pasado dispuso que durante la primera quincena la Comisión de Legislación General comience con el análisis de los proyectos de modificación de las leyes que regulan el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y del Consejo de la Magistratura.
"El 5 de marzo vamos a comenzar a tratar la reforma impulsada por el propio Tribunal de Cuentas a su ley orgánica, por lo que vamos a convocar a los miembro del órgano de control", precisó.
Señaló que una semana después, el miércoles 12, "está previsto iniciar el análisis del proyecto de reforma a la ley del Consejo de la Magistratura que presentaron, en diciembre pasado, los Colegios de Abogados de Ushuaia y Río Grande junto con la Asociación Participación Ciudadana". A esta reunión dijo que se convocará al Superior Tribunal de Justicia, al Fiscal y al Defensor ante la Corte, al Fiscal de Estado, a la Asociación de Magistrados y a los autores de la iniciativa.
Pluis apuntó que de esta manera se está cumpliendo con el compromiso asumido oportunamente, de priorizar el tratamiento legislativo de estos dos proyectos. Como presidente de la comisión responsable de evaluar ambas propuestas, indicó que su expectativa es que se "pueda dar un debate de calidad sobre estas dos tan importantes cuestiones, y si esto se logra en el corto plazo, mejor".
Volver a los orígenes
En apretada síntesis, la modificación planteada para el Tribunal de Cunetas apunta a dejar sin efecto muchos de los cambios introducios por ley 495 a la original norma orgánica del cuerpo. De esta manera se pretende recuperar la facultad de poder realizar tareas de control preventivo, concomitante y posterior. Se busca, además, ampliar a tres años el plazo para que el Tribunal de Cuentas pueda observar la rendición de cuentas realizada por agentes y funcionarios, antes de que éstas se consideren aprobadas. En la actualidad ese plazo, según el caso, va de los 6 meses a 1 año.
Además, para dar mayor dinámica al accionar del cuerpo, se propone la creación de dos nuevas figuras: la del fiscal acusador y el asesor letrado.
Una profunda reforma
La propuesta de modificación a la ley del Consejo de la Magistratura pretende dar rango de ley a cambios introducidos en el reglamento del cuerpo en lo que hace a la publicidad de los concursos, pero también a establecer un mecanismo de selección que restringa los márgenes de arbitrariedad que, históricamente, se le han reprochado al Consejo. Para ello propone que el régimen de concurso público de antecedentes y oposición se integre con la evaluación de antecedentes; una prueba de oposición escrita y oral, que será evaluada por un Tribunal integrado por dos docentes de Derecho de Universidades nacionales o doctrinarios de reconocida solvencia académica, y un magistrado provincial o un abogado matriculado en la provincia con reconocida actuación en el foro de que trate el concurso; y una entrevista personal de la que deberán participar dos ciudadanos voluntarios.
Esta iniciativa también apunta a satisfacer el viejo reclamo de los letrados del foro local, respeto de que los dos abogados que deban integrar el cuerpo sean elegidos sin la participación en las urnas de funcionarios y magistrados del Poder Judicial.
