La instancia procesal para que los ministros de la Corte se aboquen por turnos al análisis y definición de las actuaciones vinculadas con el denominado convenio chino se demoraría por los menos una semana, ya que deberán correr vista al Poder Ejecutivo, Fiscalía de Estado y Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia de una presentación realizada por el Tribunal de Cuentas.
Según trascendió, a fines de la semana pasada el presidente del órgano de control, Miguel Longhitano, introdujo ante el alto tribunal un escrito, en función de una consulta que le formulara al Tribunal de Cuentas el Juzgado de Instrucción penal a cargo de la doctora María Cristina Barrionuevo, en el marco de la causa iniciada a raíz de la denuncia presentada por el abogado Alejandro de la Riva para que se investigue lo actuado en torno al convenio de venta directa de gas de regalías a favor de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química.
Una vez que el Superior Tribunal reciba la respuesta de las partes, de no producirse ninguna otra incidencia, procederá a votar el orden de intervención de sus integrantes para que dicten su voto respecto de la constitucionalidad de la ley 774 y de la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Estado, para que el ejecutivo se abstenga de llevar adelante cualquier acto vinculado con la venta directa de gas a TFEQSA, hasta tanto el contrato rubricado por la Gobernadora el 28 de abril pasado sea aprobado por el Tribunal de Cuentas y la Legislatura.
A esta presentación se sumó una realizada, bajo la figura de amigo de la corte, por el ex vicegobernador de Fabiana Ríos –Carlos Bassanetti– en la que postula la necesidad de que el STJ antes de resolver sobre la cautelar analice la posible inconstitucionalidad de la ley que habilitó, por vía de excepción, la contratación entre el Estado fueguino y la empresa de capitales chinos.
En el marco de esas actuaciones, el Fiscal ante el Superior Tribunal, Oscar Fappiano, consideró que la ley sancionada vulnera preceptos contenidos en la cara magna fueguina.
Rechazan Iniciativa Popular de "ex ypefeanos"
El Juzgado Electoral rechazó la posibilidad de que el proyecto presentado ante la Legislatura por un grupo de ex empleados de la que fuera la petrolera estatal YPF tramite bajo la figura de Iniciativa Popular.
La razón para vetar tal posibilidad había sido que la cantidad de firmas que acompañaban el pedido no alcanzaría el 10% de la cantidad de votos efectivamente emitidos en la última elección provincial, requisito éste que resulta indispensable para que se reconozca a un determinado proyecto el estatus previsto en el artículo 207 de la Constitución Provincial.
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