Presupuesto 2010

Por ahora no hay mejora presupuestaria para el Tribunal de Cuentas

16/04/2010
L
a posibilidad de que se pueda incrementar el presupuesto del Tribunal de Cuentas se diluyó, por los menos, hasta el segundo semestre del año, ello en función de que la mejora de ingresos registrada durante el primer trimestre del año no resulta de magnitud tal como para que el Poder Ejecutivo esté en condiciones de afrontar ese compromiso.
Desde el órgano de control se había solicitado una mejora presupuestaria del orden de los 6,5 millones de pesos para este año, para poder afrontar, entre otros, el gasto que demandaría la contratación de 14 profesionales. Al decir de los vocales del Tribunal, esos serían los fondos mínimos necesarios para garantizar una adecuada tarea de control –en particular de aquellas tramitaciones referidas a la renegociación de contratos petroleras; industrialización de hidrocarburos provenientes de regalías; licitación del sector cordillerano del área CA 12 y Fideicomiso Austral– y para disponer una recomposición del personal de ese organismo que vaya en consonancia con los que se están disponiendo para otros sectores de la Administración Pública Provincial.
Desde el Ministerio de Economía se indicó que a esta altura del año no se está en condiciones de asumir un compromiso de esas características. Rubén Bahntje precisó que "si bien hubo un incremento en la recaudación" durante el primer trimestre del año, consideró "prematuro" poder anticipar el comportamiento par el resto del año, de allí la imposibilidad planteada para satisfacer este reclamo. De todas maneras destacó que "hay una excelente predisposición de los legisladores para que, en la medida que los recursos se obtengan y se vayan solucionando otros conflictos, puedan reconsiderar al menos en parte lo requerido".
Como contrapropuesta se planteó una posible modificación a la ley 495, para eliminar de las tareas del Tribunal de Cuentas el control previo de los actos sobre inversión de fondos, percepción de caudales públicos u operaciones financiero–patrimoniales del Estado provincial. Cuestión esta que demandaría también para su concreción una enmienda a la carta magna, por cuanto esa es una atribución del Tribunal fijada por la constitución.
Otra alternativa planteada, sobre la que no hubo una definición concreta, fue la posibilidad de que el Ejecutivo se comprometa la trasferencia de recursos necesarios par que el Tribunal de Cuentas pueda implementar un convenio de asistencia técnica con el departamento de energía de la Universidad de Buenos Aires que fue firmado hace 2 años. Inicialmente este convenio tenía por objeto el control de regalías, para certificar si la provincia recibía de las petroleras entre un 12 y un 17% menos que los montos que efectivamente debía percibir, y tenía un costo total de 150 mil pesos. Ahora, este acuerdo sería ampliado en su objeto, de manera tal de dotar al Tribunal de asesoramiento integral en materia de hidrocarburos, para sí poder desarrollar una correcta tarea de control sobre el proceso de renegociación de contratos petroleros, proyectos de inversión para industrialización de hidrocarburos percibidos en especie y licitación de áreas revertidas.
La definición de esta cuestión adquiere particular relevancia y urgencia, habida cuenta los avances dados por el Ejecutivo en esto temas que deben pasar por el control de un organismo de control que carece de especialistas en esa materia.
Estos fueron los temas abordados en la reunión que mantuvieron ayer en la comisión de presupuesto los legisladores Damián Löffler y Roberto Frate (MPF); Élida Deheza, Osvaldo López y Fabio Marinello (ARI); Ricardo Wilder y Adrián Fernández (FPV); Luis Velázquez (MO), con los Vocales del Tribunal Miguel Longhitano; Claudio Ricciuti y Luis Caballero y el ministro de Economía Rubén Bahntje.
Como dato anecdótico de este encuentro quedó la aclaración formulada por Löffler al inicio del mismo, cuando señaló que la reducción de 8 millones dispuesta sobre el presupuesto solicitado por el Tribunal "no se debió a ninguna situación particular", tal vez en referencia a las sospechas de que la decisión de acotar recursos a ese órgano de control y el Poder Judicial estuvo vinculada a la postura sustentada por esos estamentos estatales respecto de la pretendida venta directa de gas de regalías a la empresa Tierra del Fuego Energía y Química.
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