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l juez laboral de Ushuaia, Guillermo Sebastián Penza, resolvió declarar la inconstitucionalidad del artículo 10, 2º párrafo de la ley provincial 90 (policía del trabajo), que indica que “será requisito ineludible para admitir el recurso de apelación, en los supuestos en que la sanción impuesta consista en aplicación de multa, el depósito previo”.
Ante esta determinación del magistrado, el SUTEF no deberá abonar la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia y se procede a la apertura de la instancia judicial, en torno al no acatamiento de la conciliación obligatoria dispuesta por esa cartera laboral en el mes de marzo de este año. Penza se basó en los ingresos que percibe la entidad sindical mensualmente, que rondan los 151.831.01 pesos y el pago de la sanción de 618.000 pesos lesionaría el derecho de acceso a la justicia, por parte del gremio docente.
En relación a este tema, el secretario General del SUTEF, Raúl Arce, manifestó que “esto forma parte de toda una presentación y será una buena noticia cuando se resuelva la cuestión de fondo que es el acatamiento de la conciliación obligatoria” y agregó que “en principio es bueno y una tranquilidad para todos los compañeros del sindicato más allá de la conducción a pesar de que hubieron muchos no solo del Gobierno, sino dentro de nuestra propia entidad sindical en la ciudad de Río Grande, que han sacado panfletos en forma de agrupación docente, donde daban por sentado que había un vaciamiento de los recursos del sindicato porque no quedaba otra salida que abonar la multa”, en franca referencia a la conducción de aquella ciudad.
Además afirmó que “este fallo nos da la razón declarando la inconstitucionalidad del articulo 10 de la ley 90, y más allá que todavía debe resolverse la cuestión de fondo es un elemento en el que podemos decir que el gremio docente ha hecho punta, porque este articulado ha sido ampliamente perjudicial para todos los sectores representativos de los trabajadores que a partir de un sumario de las mismas características, primero debían pagar para después tener derecho a reclamar”.
Finalmente refirió que “nos sentimos gratamente reconfortados de que mínimamente se nos dé la razón en algo que en algún momento se buscaba un impacto mediático sabiendo realmente que no iba a prosperar”.
