L
a situación de la empleada del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) que fue cesanteada sin sumario previo mientras cursaba un embarazo de alto riesgo y perdió el bebé, continúa teniendo ribetes de escándalo.
El abogado de la mujer, Daniel Garay, sostuvo que el embargo de 280 mil pesos dictado semanas atrás por la Justicia de Río Grande sobre las cuentas del IPRA, es apenas el comienzo de las consecuencias del caso, y apuntó a las responsabilidades personales del presidente del instituto del juego, Adrián Arias, a quien no obstante la gobernadora mantiene en el cargo.
“Aspiro a que el Estado no sea siempre el chico bobo que paga todos los platos rotos, y que el funcionario se haga cargo patrimonialmente de su accionar”, afirmó el letrado al referirse a los avances registrados en el expediente civil donde se analiza lo ocurrido.
La empleada Ariana Anahí Sinelli fue separada de su cargo en 2008 por faltas reiteradas, estando embarazada. La decisión fue recurrida y la Secretaría Legal y Técnica emitió un dictamen en el que se pronunció por la nulidad de todas las actuaciones y la reincorporación de la agente, que en el interin había perdido el bebé. Incluso la gobernadora Fabiana Ríos rubricó un decreto disponiendo la reincorporación de la mujer.
Pero el titular del IPRA, apoyado en otro dictamen de la asesoría letrada del organismo, volvió a suspender a Sinelli por un nuevo período, y más tarde por otro más.
Cuando el caso llegó a la Justicia Civil de Río Grande, la jueza Edit Cristiano dispuso un embargo preventivo sobre las cuentas del organismo, que se vincula con el reclamo de salarios caídos formulado por la empleada.
“Nada igual”
“Aún falta que prospere la otra parte del caso que está relacionada con los daños y perjuicios derivados de la pérdida de la criatura. Recordemos que ella pierde el bebé el mismo día que se notifica de la cesantía en su domicilio”, explicó Garay, quien además mencionó el estado de depresión en que se encontraba la mujer producto de la situación laboral y de que era único sostén de familia.
El letrado detalló que el juicio ingresará ahora en etapa de prueba, por lo que declararán los peritos y psicólogos que atendieron a Sinelli.
“Vamos a demostrar la relación de causalidad entre la cesantía y la pérdida del bebe”, enfatizó el abogado.
Asimismo, sobre las alternativas del caso, Garay expresó que “en mi carrera profesional no he visto jamás una actitud semejante de un funcionario”.
“El dictamen de la Secretaría Legal y Técnica indicó con toda claridad cómo debía proceder el Instituto respecto de la agente. De ninguna manera podían aplicar otra sanción por el mismo hecho, ya que la Constitución expresamente lo prohibe. Además se pronunció por la nulidad del sumario, porque ni siquiera se le había dado a mi cliente derecho de ejercer su defensa. Sin embargo el IPRA volvió a suspenderla por 30 días y luego se le amplía la suspensión por 60 días más”, recordó el abogado.
También dijo que cuando comenta el caso a sus colegas, la mayoría no le cree. Piden ver la documentación y recién ahí se convencen.
“Es por eso que también se demanda personalmente al funcionario como responsable de los actos derivados del cumplimiento de su función. Porque Arias no podía desconocer que no se puede cesantear a un empleado de carrera sin un sumario administrativo previo”, abundó Garay. Y agregó: “Este Gobierno ha enarbolado la bandera de los derechos humanos, por lo que no se entiende que la gobernadora Ríos todavía no haya tomado medidas respecto del presidente del IPRA”, concluyó.
