Editorial - por Fulvio Baschera

Voto electrónico vs. defraudación electoral

21/03/2011
L
o que viene ocurriendo en la patagónica provincia del Chubut vuelve a poner en perspectiva lo lamentable de la determinación de ocho de nuestros legisladores, merced la cual Tierra del Fuego se verá imposibilitada de implementar el voto electrónico en las venideras elecciones provinciales.
Claro que a estas alturas de las circunstancias, argumentar que es necesario contar con más tiempo para estudiar adecuadamente la puesta en marcha del voto electrónico, no hace más que poner en evidencia, desde mi punto de vista, al menos tres aspectos: la falta de coherencia en un buen número de integrantes de la casta política fueguina; la falta de voluntad política para implementar probadas herramientas de modernidad democrática; y una nueva falta de respeto hacia la madurez del electorado fueguino. Tales cuestiones se sostienen en el hecho de que en 2003 Ushuaia fue la primera ciudad argentina en elegir un Intendente por este medio, además de Concejales con sistema de preferencias, amén de haber realizado sendas consultas populares aplicando el mismo principio, aunque con mejoras sustanciales en su implementación. Estos antecedentes, más el acceso cotidiano por parte de la ciudadanía al manejo de tecnología de última generación dan por tierra con buena parte de las argumentaciones en contra basadas en la posibilidad de que la población no sepa cómo enfrentar una urna electrónica o en la posible manipulación de los resultados. Tal absurdo podría ser aplicado a la modernidad del e-banking al que miles de millones de personas acceden, promoviendo ante el eventual riesgo  de que un hacker se alce con los fondos depositados, se impulse una legislación que restablezca antiguos sistemas.
Caer en la tentación de argumentar contra el voto electrónico la posibilidad de fraude electoral es un postura facilista para ocultar la real falta de compromiso político en pos de adecuar el sistema a los tiempos que corren, aunque claro está, sin descartar que en realidad la intención no sea otra que la de continuar implementando un sistema que elección tras elección genera denuncias de fraude.
Me animo a considerar que el movimiento que parece haberse estructurado en contra del voto electrónico podría estar constituido por dos tipos de personas: los ignorantes y los pícaros.
Más allá de que un ignorante pueda parecer más aceptable que un pícaro, puesto en un lugar de conducción su ignorancia puede terminar siendo tan perjudicial a la salud de la democracia, como la avivada del pícaro.
Claro que en orden a no caer en el mismo nivel de ignorancia o picardía, vale mencionar que mucho es el folclore que en torno al tradicional sistema de boletas se ha establecido, así por ejemplo podríamos mencionar el voto cadena, la incorporación de boletas truchas que devienen en votos nulos, la compra de votos o el robo de boletas en los cuartos oscuros, situaciones que según los “entendidos” son difíciles de comprobar y aún más de detectar, con lo cual, hasta ahora la cuestión nunca pasó a mayores ¿O alguna vez, de 1984 a esta parte y a pesar de las consabidas denuncias postelectorales una presidencia, gobernación o intendencia cambió de manos? Contra ello, el voto electrónico presenta muchas alternativas que garantizan reflejar la voluntad ciudadana.

El otro fraude

La experiencia nos termina demostrando con toda su crudeza que más allá de las suposiciones de los perdedores, en realidad el fraude efectivo contra los electores se termina consustanciando tras el acto electoral, en algunos casos a horas de finalizado el proceso. En esta también están comprendidas las instancias que hacen a la vida democrática primigenia, es decir a las elecciones internas que determinan las candidaturas de los partidos políticos, donde a manera de ejemplo podríamos mencionar a las candidaturas testimoniales, donde la voluntad del afiliado tras haber consagrado a determinados candidatos de un partido, termina siendo vulnerada, manoseada y tirada a la basura.
Someter a un software a prueba es algo que no sorprende a nadie, de hecho Brasil hace pocos meses nos volvió a dar una verdadera lección, tanto de política de Estado como de auténtica voluntad política al implementar, por segunda vez, el voto electrónico en sus elecciones generales, permitiendo que algo más de 126 millones de ciudadanos, accedieran a un sistema moderno, ágil y seguro de sufragio.
Lo que sin lugar a duda no resulta tan fácil someter a prueba es la integridad política de nuestros representantes. Si un engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo o simulación constituye una de las definiciones del término fraude, podría asegurar que muchos de ellos lo han venido cometiendo, demostrando que la intencionalidad política de defraudar está por encima de cualquier sistema electoral que decida implementarse, para precisamente evitar el fraude.
Sin ir más lejos, y por citar sólo un ejemplo, vale referenciar lo que ha ocurrido en nuestra Provincia tras el resultado electoral de los últimos comicios provinciales celebrados en 2007, cuando la ciudadanía fueguina delegó en el partido político Argentinos por una República de Iguales (ARI) la confianza de la mayoría de los fueguinos para ocupar el Poder Ejecutivo, para lo cual, esa misma mayoría le aportó los votos para que en tal tarea la fórmula gobernante estuviera secundada por seis legisladores provinciales de idéntica pertenencia política. A algo más de tres años la ciudadanía fue víctima de un fraude electoral: hoy el Ejecutivo está ejercido por la representante de un partido distinto del elegido, que además es secundada por un solo legislador de los seis originarios, transformando drásticamente la otrora calificación de primera minoría parlamentaria en una inverosímil mínima expresión, de la que no debe existir antecedente en el mundo y que jamás fue acordada por la voluntad popular.
Es la Legislatura provincial la que más demostraciones ha dado en este sentido, pero la actual es la que ha llevado, hasta ahora, la significación del término de fraude a la manifestación ciudadana al máximo. Vale mencionar que la actual legislatura provincial originalmente estaba compuesta por cuatro bloques políticos (ARI, Frente para la Victoria; Movimiento Popular Fueguino y Unión Cívica Radical), y hoy la componen siete, con denominaciones y pertenencias partidarias jamás puestas a consideración del electorado.
Así las cosas, se me ocurre pensar que, más allá de las justificaciones de ocasión, la posibilidad de engaño está siempre latente y que la mejor manera de ir acotando su campo de acción es asumir un rol más protagónico como ciudadano, exigiendo a nuestros representantes que respeten el contrato que junto a ellos firmamos y en todo caso hacérselos saber si lo vulneran.
Sin duda el voto electrónico no significa la solución a todos estos problemas, pero podría contribuir en parte a mejorar la calidad de nuestra democracia.

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