Sanción impuesta por el Ministerio de Trabajo de la Provincia

El Concejo Deliberante pedirá ante la Justicia la nulidad de la multa

18/04/2011
L
as autoridades del Concejo Deliberante de Ushuaia informaron que, tras haber abonado la multa aplicada por Resolución de Ministerio de Trabajo de la Provincia, por la suma de 14.205 pesos, la Institución presentará hoy ante la Justicia una solicitud de nulidad de lo actuado hasta el momento por la cartera laboral.
Cabe recordar que, a través de la secretaria, Carolina Yutrovic, el Ministerio de Trabajo impuso esa sanción al considerar que el Concejo Deliberante habría incurrido en infracción a la normativa laboral y administrativa tras el dictado de la Resolución de Secretaria del C.D. Nº 002/2011 que dispuso la sanción disciplinaria de suspensión de tres días sin goce de haberes y del Decreto de Secretaria C.D. Nº 017/11 por el cual se dispuso la cesantía del agente Daniel Bugliolo. A partir de ello, desde la Presidencia de la Institución se resolvió abonar la multa, con la única finalidad de habilitar la instancia judicial de revisión de lo resuelto por la cartera laboral, ya que a los fines de la admisión del recurso judicial de apelación, se requiere el pago previo de la penalidad impuesta.
En diálogo con EDFM, el secretario del Concejo Deliberante, Alberto Arauz, explicó que la presentación judicial a realizarse ante el juez laboral Guillermo Penza, se fundamenta en que “el Ministerio de Trabajo se ha inmiscuido en cuestiones que hacen a la representación sindical dentro del ámbito del Concejo”, teniendo en cuenta que según el Acuerdo Nº 292/1992, las cuestiones relativas a la interpretación de temas de orden sindical, “exceden con creces la competencia que legalmente tiene atribuida la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, ya que esa competencia es exclusiva de la Nación”.
Por otro lado, Arauz afirmó que las autoridades del Cuerpo deliberativo de Ushuaia consideran que la cartera laboral “se ha entrometido en el trámite de un proceso judicial que aún no ha culminado, lo que supone una grave afectación de las garantías del debido proceso y de defensa en juicio”, a partir de una denuncia que el propio agente cesanteado, Daniel Bugliolo, presentó ante la Justicia Provincial, por lo que “este procedimiento no debería seguir su curso en el ámbito administrativo”. “La Resolución de la Subsecretaría de Trabajo, que impuso la multa, incurre en la libre interpretación de las normas jurídicas, que sólo le compete a un Juez”, indica el recurso elaborado por el Concejo Deliberante, y agrega que “se debe labrar infracción sólo cuando se compruebe un hecho punible”, lo que en este caso no se ha cumplido.
El secretario del Cuerpo deliberativo de la ciudad, destacó además que “resulta imperativo” solicitar la nulidad de las actuaciones, ya que el proceso sumarial llevado adelante ha vulnerado el derecho de defensa de la Institución, y las circunstancias ponen en evidencia “la existencia de una profunda parcialidad y maliciosidad del Ministerio de Trabajo, que ha fabricado pruebas para favorecer ilegítimamente a una parte, abusando de un modo casi extorsivo del Concejo Deliberante”.
“Sin duda, la multa responde a una cuestión relacionada con la candidatura de la secretaria, Carolina Yutrovic, y el ministro Marcelo Echazú”, afirmó Arauz, agregando que “de otra manera, no se explica por qué pasó más de un mes desde que el Ministerio recibió el descargo del Concejo Deliberante, y recién después de oficializarse sus candidaturas, se aplicó la multa”. “Intentan conseguir el favor de algunos dirigentes gremiales que intentaron fallidamente conseguir una candidatura, y hoy buscan cualquier migaja del poder político”, consideró.
Finalmente, indicó que “en lo personal, he visto muchas estrategias electorales, pero es la primera vez que veo el uso de multas para intentar disciplinar al poder legislativo Municipal, y al mismo tiempo querer lograr apoyo de algunos sectores”, y lamentó que el tema relacionado a la cesantía del agente Daniel Bugliolo “se haya tornado en esta situación tan desprolija y malintencionada”. “Me sorprende que esta dependencia del Estado no cumpla su función, que es la de mediar entre las distintas partes, en lugar de castigar a quienes no actúan como quisieran”, concluyó.
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