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al vez a la gran mayoría de la comunidad poco le interesen los problemas con que se enfrentan cotidianamente algunas personas cuando llega el momento de reclamar o buscar alguna solución a sus dificultades en el ámbito de la Administración Pública Central.
Más allá de esta apreciación, considero oportuno dar a conocer la situación en la cual me encuentro desde el pasado 3 de abril, y que todavía después de casi 6 (seis) meses, no tiene respuesta alguna por parte de los funcionarios del Ministerio de Educación. Quizás esta circunstancia sirva como consuelo para cientos de personas que diariamente peregrinan por pasillos y oficinas públicas, en busca de respuestas, obteniendo solamente postergaciones, excusas poco convincentes y en algunas ocasiones hasta malos tratos. Sinceramente una verdadera vergüenza. Parece que esta “gente” se olvida que son funcionarios públicos y que están a nuestro servicio.
El 7 de abril presenté mi Declaración Jurada de Cargos y Actividades, en la Secretaria del Colegio Provincial Dr. José M. Sobral, ya que retomaba 16 horas cátedra interinas que tenía licenciadas desde el año 2008, aclaro que esta licencia era sin goce de haberes. Por otra parte, cabe aclarar también, que esas horas me fueron asignadas en el año 2001.
Durante los años 2008, 2009 y 2010 presenté declaraciones juradas las cuales fueron aprobadas por la Supervisión del nivel. Esto implica que la documentación presentada siempre se encontró enmarcada en los términos de la Ley Provincial N° 761 (Régimen de Acumulación de Cargos, Horas Cátedra y/o Funciones e Incompatibilidades), caso contrario hubiera sido rechazada.
Este año la Declaración Jurada, no fue aprobada. La Supervisora, Prof. María Cristina Ugalde, me indicó informalmente que la misma no cumplía con lo establecido en la ley mencionada precedentemente, por tal motivo la remitió a su superior inmediato, Prof. Daniel Arrieta, quien tampoco resolvió y la remitió a la Ciudad de Río Grande a la Supervisora General, Prof. Rita Fleitas, quien lo único que hizo hasta el mes de agosto fue cajonear el expediente y tampoco tomó ninguna resolución. A todo esto estoy frente al curso, dando clases pero sin cobrar un centavo por esas 16 horas cátedra.
Con fecha 26 de agosto, el Prof. Daniel Arrieta, ahora Supervisor General, redacta un informe donde indica que mi situación no se encuentra enmarcada en la Ley 761, y lo eleva a la Subsecretaria de Educación, Prof. Luengo, a efectos de que se expida de manera definitiva. Hasta la fecha, todavía no he recibido ninguna respuesta.
Realmente resultan incomprensibles las demoras en las que incurre la burocracia que se encuentra enquistada en ese Ministerio. Estas injustificadas dilaciones, son producto de la propia inoperancia de funcionarios, o bien el cargo les queda demasiado grande u ocupan puestos no por capacidad e idoneidad sino por amiguismo político, o lo que es peor aún, que no consideren importantes los problemas de los administrados.
Sería bueno recordarles a estos funcionarios de pacotilla que desde hace 6 meses no percibo parte de mis haberes, situación esta que me genera un sinnúmero de problemas. Lo único que estoy solicitando es que alguno de estos burócratas, seguramente bien pagos, se expida sobre mi situación. Lo que me permitirá regularizarla o bien iniciar los reclamos judiciales correspondientes, por encontrar lesionados mis derechos.
Lo grave de todo esto es que para el Ministerio de Educación, en esas horas sigo de licencia, lo que implica que para esa dependencia no estoy frente al curso. Ante semejante desprolijidad administrativa, por darle algún nombre, yo me hago la siguiente pregunta ¿Qué validez tienen los exámenes, calificaciones y planillas que he confeccionado en los cursos que según el Ministerio estoy de licencia? ¿Qué ocurriría si en esas horas tuviera un accidente de trabajo? ¿Quién se hace responsable?
Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que no soy el único docente en esta provincia que supera las 42 horas cátedra, de hecho hay funcionarios dentro del propio Ministerio que las superan holgadamente. Aplicar la ley sólo para mí tal vez sería, tomar una decisión discriminatoria y según mi criterio apartada de derecho. Si realmente hay una intención política de la Ministro de Educación, Amanda Del Corro de aplicarla, sería bueno que emitiera una resolución que obligue a todos los docentes a presentar la declaración jurada de cargos y actividades, empezando por el Ministerio a su cargo. Recién ahí podría decirse que se trata a todos los docentes por igual y que no existen hijos ni entenados.
Por último, si la estructura ministerial de Educación no puede resolver la provisión de elementos de limpieza a las Escuelas para que estas estén en condiciones adecuadas de higiene, si no se proveen en muchos casos ayudas didácticas o repuestos como lámparas para proyectores, si en el CENT N° 11 hay que esperar meses y meses para abrir una puerta en la biblioteca para que pueda ampliar su horario de atención. Concretamente, si no se atienden los derechos colectivos, como puedo esperar que estos sátrapas se ocupen de resolver un problema personal que solamente implica tomar una decisión.
Como corolario de todo esto, creo que la única alternativa posible es recurrir a la Justicia, ya que La gente que trabaja, que estudia, que produce, que está enferma, tiene que seguir esperando. Mientras que nuestra inepta, incapaz y corrupta dirigencia política, se sigue aumentando desmesuradamente sus salarios o dietas. Estas pústulas que supimos conseguir, se nos ríen descaradamente en la cara y se siguen enriqueciendo impúdicamente. Lo único que les cabe es un solo calificativo: SINVERGÜENZAS.
ANIBAL A. LOBASSO
DNI: 12.535.403
