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a gobernadora de la Provincia, Fabiana Ríos, se puso al frente ayer del escándalo desatado por la demora de 16 meses en que incurrió su gestión para comprar cuatro camionetas destinadas al transporte especial, a pesar de que el dinero para la operatoria (519 mil pesos) fue enviado por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis) en junio de 2010.
En una enérgica reacción, la mandataria asumió la responsabilidad por lo ocurrido, dio explicaciones públicas pero también tomó medidas ejemplificadoras: echó al ministro de Desarrollo Social, Sergio Álvarez, y pidió la renuncia del resto de los funcionarios que intervinieron en el caso.
Además, Ríos anunció sumarios administrativos para los empleados de planta del Gobierno que hayan dilatado las actuaciones administrativas e instruyó a sus colaboradores a que colaboren con la Justicia en el esclarecimiento de lo ocurrido. Ello a partir de la denuncia penal que realizó Graciela Bravo, la madre de una niña discapacitada que necesita el transporte especial.
“Pedir disculpas y reconocer errores no resulta suficiente en cuanto a las responsabilidades de los funcionarios intervinientes”, se despachó la gobernadora ayer en declaraciones a Radio Nacional, mientras Álvarez todavía estaba en Buenos Aires tratando de revertir la inscripción de su ministerio en el Registro de Proveedores Morosos.
Sobre la compra de los vehículos, Ríos confirmó que ya fue realizado un pago a la empresa que los proveerá, y anticipó que en “30 ó 40 días” las combis estarían llegando a la isla. Sin embargo, esa afirmación no se condice con los dichos del ahora ex ministro Álvarez, quien vía gacetilla oficial había dicho que el subsidio completo estaba depositado en una cuenta bancaria a disposición de quien quisiera verificarlo.
La gobernadora transmitió ayer uno de los motivos centrales de la demora. Dijo que después del primer pago a la empresa, se le exigió la presentación de documentación faltante, y que como la firma no cumplió, entonces el trámite estuvo parado más de seis meses.
Y respecto del expediente iniciado por Bravo que según el sistema informático de Gobierno permaneció 45 días en su despacho, la mandataria lo desmintió y dijo que se trató de un error en la carga del sistema, lo que también será investigado por sumario.
“Estas gestiones se llevan adelante por ministerios, no llegan nunca a la cabeza del Ejecutivo provincial. Los convenios los suscribe el ministro, los fondos se depositan en cuentas de ese ministerio y esto no pasa por la cabeza del Ejecutivo. Tomo conocimiento de este tema, en términos de la demora, por parte de la denuncia administrativa formulada que llega aquí el 13 de septiembre y sale de mi oficina el 14 de septiembre. El 18 de octubre se contestó, el 20 llegó a mi oficina y salió la respuesta para la denunciante en el día de ayer. No hubo ningún expediente parado”, aclaró Ríos ayer.
“Siento indignación”
La gobernadora también realizó ayer las siguientes definiciones sobre el caso:
– “Han habido funcionarios que en su accionar han impedido el ejercicio de derechos de personas que deben ser protegidas por el Estado. La indignación, enojo y vergüenza, y además la mala registración del expediente, solo causa más indignación”.
– “Soy la responsable pero no intervengo en el trámite, para esto hay ministerio, secretarios, subsecretarios, directores, organismos de control, directores. Cada uno con su opinión en un expediente posibilita o niega el acceso a un derecho”.
– “Tengo la firme decisión de modificar esto y necesitamos el compromiso de todos los actores de la administración pública”.
– “Siento lo que siente cualquier persona bien nacida. Una profunda indignación con el agravante que supone la conciencia cierta que no es necesario padecer un problema para comprometerse con la resolución de un problema. No es necesario tener un hijo con discapacidad para ponerse en la piel de esa persona. Lo más positivo de toda esta situación, si algo positivo tiene, es que porque existe un derecho existe la posibilidad de un reclamo judicial y administrativo y que sepamos cuántas personas hay que no hacen lo que tienen que hacer para lo cual le pagan. Es absolutamente imprescindible que todo aquel que sienta un derecho vulnerado pueda ejercer el derecho de defenderlo”.
