E
l legislador Juan Carlos Arcando (Frente para la Victoria) destacó el acompañamiento del Ministerio de Justicia de la Nación al proyecto de ley que apunta a prevenir a la sociedad fueguina de los delitos sexuales, mediante la creación de un registro de violadores.
El parlamentario anticipó que esta semana “estaríamos presentando el proyecto de ley para crear el registro de violadores en la provincia”, iniciativa en la que “ya estuvimos trabajando cuando estuvimos en el Concejo Deliberante”. Si bien “en su momento no encontramos eco y se escucharon algunas voces oponiéndose a la iniciativa”, remarcó que “vamos a insistir”.
Arcando evaluó que “tenemos un flagelo en la provincia, hay una población carcelaria muy alta y una proporción importante es por delitos sexuales”, y destacó que la propuesta” se puede perfeccionar en las reuniones de comisión”.
El representante kirchnerista sostuvo que si bien “hubo manifestaciones en cuanto a que la mayoría de los casos se da en el ámbito intrafamiliar”, también “hay casos como el que sucedió en Río Grande con la chica que violaron cuando volvía de la Facultad”.
Asimismo, resaltó que “la ley que proponemos no es comparable con la que presentamos en su momento” ya que “en la Argentina se avanzó en materia de legislación y en esta oportunidad también estamos proponiendo la creación del banco de ADN de quienes cometieron delitos de esa naturaleza y tienen condena firme”.
Para Arcando “lo importante es que Tierra del Fuego pueda tener una legislación al respecto como ya cuentan numerosas provincias del país”.
En tanto, apuntó que “esperamos poder contar con el acompañamiento del resto de los legisladores porque es importantísimo contar con un registro de este tipo”.
Por otra parte, indicó que se reunió con el ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, “para analizar el tema del registro y por la posibilidad de que nos derive a alguno de sus colaboradores que esté trabajando en la materia”.
Finalmente, Arcando valoró que el funcionario nacional “puso a mi disposición todos los elementos jurídicos con los que cuenta el Ministerio y facilitaría el traslado a Ushuaia de representantes de asociaciones como Madres del Dolor” para que “expliquen a mis pares lo que significa para una víctima y su grupo familiar haber padecido una situación tan violenta”.
