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a gobernadora Fabiana Ríos ratificó que en Tierra del Fuego se aplicará el reciente fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que despenaliza el aborto en los casos en que el embarazo haya sido a consecuencia de una violación.
Con dicho fallo, la Corte determinó que las víctimas de un abuso sexual tienen derecho a practicarse la intervención médica sin necesidad de autorización judicial y en cualquier hospital público, aclarando así los alcances del artículo 86 del Código Penal.
En tal sentido, el Ministerio de Salud de la Provincia viene trabajando articuladamente con los hospitales públicos en la atención de las víctimas de abusos sexuales y la elaboración de los protocolos de actuación que se aplicarán en situaciones en que una mujer violada decida interrumpir su embarazo.
“La postura que adoptará la Provincia será la única posible” aseveró la Mandataria -a través de una gacetilla de Prensa-, ya que “el fallo de la Corte estableció límites a los alcances del artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal, realizando una interpretación ya no sobre un caso determinado, que estaba resuelto al momento de la sentencia, sino salvando una cantidad de objeciones que estaba recibiendo la Argentina por parte de organismos internacionales”.
En virtud del nuevo fallo, “lo que está haciendo la Provincia es operativizar los protocolos de actuación de los servicios de salud en relación a esta nueva interpretación” añadió la Gobernadora, motivo por el cual hoy mantuvo una reunión con la Ministra de Salud, María Grieco; de Educación, Sandra Molina; la Secretaria Legal y Técnica, Leila Giadas; la Subsecretaria de Salud Zona Sur, Adriana Basombrío y el Subsecretario de Derechos Humanos Luis Vaccarelli.
Respecto a la posición adoptada por otras jurisdicciones, Ríos afirmó que “en la medida que se vaya conociendo y leyendo en su totalidad el fallo de la Corte, está en claro que la posibilidad de actuación de las provincias no es otra que la que hemos tomado. El fallo dice explícitamente que se exhorta a las provincias a dictar la normativa en el sentido de la sentencia, y que de no ser así, la responsabilidad ante los organismos internacionales por los acuerdos incumplidos, será de las autoridades provinciales”.
