Juicio Político contra Ríos

Del Corro, Martínez Allende y Löffler integran la comisión investigadora

23/04/2012
L
os legisladores Amanda del Corro, del bloque oficialista del Partido Social Patagónico, Liliana Martínez Allende, de la Unión Cívica Radical, y Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino, resultaron elegidos para integrar la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora de Juicio Político.
La Comisión, que tendrá por objeto analizar la procedencia de la denuncia, dispuso el viernes pasado correr traslado a la Gobernadora de la presentación formulada en su contra por los secretarios generales de las seccionales Ushuaia t Río Grande de la Confederación General del Trabajo.
La mandataria, de acuerdo a lo que establece la ley provincial 21 –que regula el proceso de Juicio Político– cuenta con un plazo de 5 días hábiles para efectuar su descargo y ofrecer la prueba de que intente valerse.
Una vez recibida esa documentación, la Comisión Investigadora deberá resolver si aconseja a la Sala Acusadora el rechazo “in límine o manda a producir la prueba ofrecida para “constatar la veracidad de los cargos formulados y la responsabilidad que en ellos le cupiere al denunciado”.
Los denunciantes consideran que la gobernadora Ríos cometió “delitos en el ejercicio de sus funciones” e incurrió “en mal desempeño del cargo” no haber dado cumplimiento a “la obligación de ingresar al sistema de la seguridad social provincial, concretamente al IPAUSS, mensualmente las sumas de dinero en los porcentajes establecidos por ley, por aportes que retiene a los trabajadores dependientes de la administración central y las contribuciones patronales, afectando de esta forma el sistema previsional y obra social”.
Sostiene que esta imputación se encuentra debidamente probada en la documentación remitida el pasado 10 de abril por el IPAUSS en respuesta a un pedido de informes solicitado por la Legislatura, de la que surge “claramente que desde el inicio de la primera gestión de la Gobernadora, María Fabiana RIOS, por el año 2008 debe al sistema de la seguridad Social Provincial en sus dos subsistemas previsional y asistencial la suma de $ 65.802.104,19; por el año 2009 $ 59.016.696,10; por el año 2011 $ 44.052.246,35 y por los dos primeros meses de 2012 la deuda es de 50.305.220,72; ascendiendo su deuda total a la suma de $219.176.537,36”. En el escrito se precisa que la deuda correspondientes a 2011 y 2012 no se encuentra certificada. Agregan que a ello se suma el incumplimiento de “la Ley 676, y el compromiso de pago previsional mensual, que esta norma crea, que es una obligación de efectivo cumplimiento” y que las circunstancias descriptas “constituyen omisiones que generan responsabilidad de los funcionarios en cabeza de quien opera la obligación de retener los aportes para ingresarlos junto con las contribuciones patronales al sistema de la seguridad social”.

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