E
l Concejo Deliberante de la ciudad de Río Grande analiza una modificación a la ordenanza Nº 2067/05, que regula la actividad de servicio de taxis. En esa normativa no se hizo mención a la situación contractual de los choferes que se desempeñan en esa actividad, quedando a la libre interpretación de los funcionarios de turno la modalidad del vínculo entre el chofer y el permisionario.
Es por ello que se hace imperioso el análisis del contenido de la ordenanza y proponer las modificaciones necesarias a afectos de garantizar el blanqueo laboral de los compañeros choferes de taxis, haciendo respetar sus derechos laborales establecidos en el Convenio Colectivo que rige en dicha actividad y en la ley de Contrato de Trabajo.
“Siendo el servicio de taxis un servicio público, creemos firmemente que es el Estado, en este caso el Municipal, quien no debe apartarse del conocimiento de las normativas nacionales que rigen en la materia, incluso hasta asesorando debidamente a los titulares permisionarios del servicio, resguardándolos de la posibilidad de ser sancionados por la autoridad de aplicación, ante las inspecciones laborales” afirmaron desde la CGT Río Grande, que acompaña este reclamo.
Ante esta circunstancia (la misma que se produce en Ushuaia) el Concejo Directivo de la CGT Regional Río Grande apoya y promueve el blanqueo laboral, y destaca la iniciativa del concejal Héctor Garay, quien fue el impulsor de la modificación de la ordenanza Nº 2067/05, para garantizar el derecho de los choferes de taxis a tener obra social, aportes previsionales, ART, e indemnización, entre otros.
