E
l Poder Ejecutivo declaró la emergencia de transporte institucional en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social por el término de 6 meses. En se marco se autorizó a esa cartera la contratación directa de vehículos con chofer mientras dure la emergencia o hasta tanto se concrete la licitación pública para la prestación de ese servicio.
Bajo el argumento de “la indelegable obligación del Estado Provincial de dar estricto cumplimiento a la Ley de protección integral de los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias, especialmente en los artículos 4° y 6°”, la gobernadora Fabiana Ríos dictó el pasado 4 de junio el decreto 1252, por lo que la emergencia tendrá vigencia hasta el próximo mes de diciembre.
Los artículos de la ley 521, referidos en el considerando, establecen que “es deber del Estado provincial tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías”, como así también “asegurar la operatividad de todos los derechos del niño, comprometiendo a dicho efecto a la familia, la comunidad y a la sociedad en general. La garantía de prioridad comprende la protección y auxilio cualquiera sea la circunstancia; atención en los servicios públicos y gratuitos; preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales y asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la protección de la niñez, la adolescencia y la familia”.
