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ras la reunión mantenida el pasado viernes en el Salón Azul de la Casa de Gobierno, entre el directorio del IPAUSS y autoridades gubernamentales, donde se efectuó una propuesta de pago de deudas con sentencias judiciales por un monto de 332.263.817 pesos, como el resto de lo que se estableció a través de la ley provincial 676, no se pudo arribar a un acuerdo ya que no se firmó ningún acta entre las partes.
En referencia a lo acontecido, el director del sector activo, Maximiliano Heredia, señaló que el Gobierno propuso que “del capital del juicio en cuestión que debe pagarse antes de diciembre de 2012 se propuso como contrapartida pagarlo en julio de 2023. Intentando llevar el debate a un misterioso cambio legislativo diseñado por el actuario del Ministerio de Economía, el señor Cascarini”.
En ese contexto, fue que el director puso a consideración en el encuentro que el contrato de locación de obra entre la Provincia y el actuario Alberto Cascarini se encuadra en lo dispuesto en decreto 674/11, el cual tuvo observación legal del Tribunal de Cuentas, al exceder el marco de competencia de la Constitución Provincial en acuerdo plenario n° 2213 –esto esta notificado con copia certificada a la Gobernadora, a la Fiscalía de Estado y publicado en Boletín Oficial–.
No obstante, los funcionarios del Gobierno intentaron sin éxito excluir esta importante información de las actas por lo que la reunión y la propuesta se diluyeron por la retirada de los funcionarios incluido el Presidente del Organismo, Vicente Sinchicay.
Asimismo, Heredia refirió que el Gobierno provincial no ha transferido ni una cuota de sus Compromisos de Pago Previsionales en estos 55 meses de gestión, por lo que “la continuidad funcional del IPAUSS necesita mantener flujo permanente de fondos provenientes de deudas” y anotó que “el objeto de continuar la política de cobro de deudas, es mantener la independencia económica y financiera, apartando al organismo del papel de una administración dependiente del Poder Ejecutivo provincial”.
En tanto, consideró que es importante saber que en los próximos meses, “se deben llevar adelante acciones penales, civiles, embargos, propuestas de cobro y convenios de pago con distintas administraciones deudoras” añadiendo que “los derechos de los afiliados se deben convertir en una obligación para nosotros. Entre estos derechos hay algunos en expectativa como los derechos a una jubilación, que si no se gestionan y cobran deudas el Organismo corre peligro”.
Cabe recordar que la documentación referida al actuario fue presentada también por la CGT el día 22 de junio de 2012 a la Comisión Especial de Evaluación y Reforma del IPAUSS en la Legislatura Provincial.
