E
l juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, ordenó a los guardaparques que prestan funciones en el interior del Parque Nacional Tierra del Fuego la presentación de las armas de fuego utilizadas durante su desempeño laboral, para ser sometidas a una serie de pericias balísticas, confirmaron ayer fuentes oficiales.
La medida se relaciona con la causa judicial que investiga un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público de estos trabajadores, a raíz de la matanza de caballos detectada en la zona de acceso a Bahía Ensenada, y que adquirió gran repercusión pública semanas atrás.
Al parecer, el magistrado se propuso investigar a fondo si el sacrificio de los animales (al menos cuatro en el incidente de Ensenada pero habrían muchos más) se llevó a cabo siguiendo los procedimientos legales y sin poner en riesgo la vida de los turistas que ocasionalmente visitan el área natural protegida.
Para ello, Calvete aceptó la realización de medidas probatorias impulsadas por la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Juan Arturo Soria, y mandó a recepcionar y peritar las armas reglamentarias de los cuidadores.
Según trascendió, también se realizarán peritajes sobre los cuerpos de los equinos sacrificados, de manera de evaluar aspectos como la cantidad de impactos que recibieron, la distancia de los disparos y el tipo de arma utilizada para producirlos, entre otros puntos de pericia.
La sospecha de las autoridades es que existiría un número importante de guardaparques abocados a ese tipo de tareas y que la modalidad se había adoptado desde hacía varios meses.
Sin embargo, la investigación no se centra en determinar quiénes llevaron a cabo la matanza, que por otra parte fue reconocida por los funcionarios del parque, sino en evaluar cómo se llevó a cabo ese procedimiento.
Animales sueltos
La causa comenzó a raíz de la denuncia presentada por el propietario de varios de los animales sacrificados, perteneciente a la Asociación Criolla Los Fueguinos, ante efectivos de Gendarmería Nacional.
Ante ello el Jefe de Guardaparques, a cargo de la intendencia del Parque Nacional, Fabricio Del Castillo, admitió de inmediato que la medida se había llevado a cabo en salvaguarda de la flora y fauna protegida, después de haberse agotado una serie de requisitos anteriores.
Según testimonios como el brindado por el biólogo Adrián Schiavini, es común que los dueños de los caballos dejen a los animales sueltos durante el invierno para evitar alimentarlos.
Del Castillo confirmó que desde el año pasado se emitieron comunicados alertando a los propietarios de los equinos que debían retirarlos porque en caso contrario iban a ser sacrificados, tengan o no marcas de propiedad y en el lugar en que se encuentren.
Otras voces, como la de la titular de la Asociación del Reino Animal Fueguino, Rosana Vélez, alertaron que antes de la matanza deben agotarse alternativas como la incautación, la incorporación al patrimonio del organismo, la donación a otras instituciones públicas o la venta a particulares.
Desde la conducción del parque replicaron que los animales son difíciles de atrapar en los lugares donde se encuentran, y que esa situación está expresamente contemplada en normativas como la resolución 325/2005 de la Administración de Parques Nacionales.
Sobre el incidente de Ensenada, se agrega la circunstancia de que el hecho habría sido presenciado por turistas, quienes habrían visto a los caballos correr desangrándose mientras les seguían disparando bosque adentro.
Como informó este diario el lunes, la Fiscalía Federal impulsó un requerimiento de instrucción para investigar lo sucedido y promovió las medidas probatorias que ahora fueron aceptadas por el juez Calvete.
Con el resultado de estos procedimientos judiciales, el magistrado tendrá mayores elementos para evaluar si cita a los involucrados a prestar declaración indagatoria, con lo que les formularían una acusación formal, o si por el contrario entiende que no se produjo la comisión de ningún delito.
