L
uego de conocida la resolución del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, a cargo del juez Guillermo Penza, sobre la caducidad de instancia solicitada por el Ministerio de Trabajo, la cual deja firme la aplicación de la multa efectuada por la cartera laboral al gremio docente del SUTEF, en virtud del no acatamiento de la conciliación obligatoria dictada durante el conflicto docente en 2010, desde el sindicato expresaron que seguirán hasta las últimas consecuencias y cuestionaron el fallo.
En este sentido, el secretario General del SUTEF, Raúl Arce, manifestó que “a nosotros no se nos ha notificado de nada hasta el momento, lo que sabemos es por los medios nada más. De todas maneras cuando lo tengamos, lo analizaremos con nuestro cuerpo de asesores letrados en el cual confiamos”, y sentenció que “además trasladaremos todo lo concerniente al expediente a nuestro asesor en el ámbito nacional, que es el doctor Horacio Meguira, director de la Asesoría Jurídica Nacional de la CTA y representante de los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para elaborar la estrategia a seguir”.
En este punto, indicó que “pensamos llegar si es necesario hasta la instancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero se analizará cómo continuar acá, pero evidentemente hay cosas que nos llama mucho la atención como los dos fallos que se produjeron en muy poco tiempo contra la libertad sindical. Son dos golpes que obligan a una entidad sindical a determinadas situaciones”.
Finalmente, el máximo referente del SUTEF señaló que “lo que haremos va a ser estudiado profundamente para ver cuáles son las acciones a llevar adelante”.
Conformidad del Ministerio de Trabajo
En tanto, el Subsecretario de Trabajo, Mauricio Neubauer, destacó que “la multa corresponde a una medida de fuerza iniciada en 2010, en la que el SUTEF por un reclamo salarial no inició las clases y en la cual existió un procedimiento bastante engorroso y largo, en el que intervino el Ministerio de Trabajo de Nación”, y agregó que “en esa oportunidad se dispuso la aplicación de la conciliación obligatoria y se intimó al gremio docente al acatamiento de la misma”.
Asimismo, indicó que “en ese momento el gremio por una postura política–sindical propia y creo que consensuada por sus bases, decidió el no acatamiento de las medidas hasta llegar, luego de las negociaciones, al acuerdo salarial”.
Neubauer subrayó que “por cumplimiento de la normativa vigente, la Ley 25212 y la Ley provincial Nº 90 de trabajo, se dispuso un trámite sumarial a los efectos de la aplicación de la multa” y remarcó que “si bien el monto de 618 mil pesos que se dispuso en la resolución sancionada parece elevado, es menester informar que es la menor multa aplicable”.
En ese contexto argumentó que “se contempló el tema de la libertad sindical y se entendió que poner una multa a una entidad que está en representación de los trabajadores es engorroso para cualquier Ministerio de Trabajo, no obstante ello se utilizaron los criterios más benignos, los cuales están contemplados en el dictamen de la resolución”. |
