El Concejo le pedirá al STJ suspender su pronunciamiento sobre la Ley 648
Adhesión al proyecto de Vuoto y el SOEM

El Concejo le pedirá al STJ suspender su pronunciamiento sobre la Ley 648

19/09/2012
E
l cuerpo de concejales de Ushuaia llevó adelante este miércoles un encuentro en el que se debatió acerca del proyecto de modificación a la Ley 648 impulsado por el SOEM y el referente de La Cámpora en el Parlamento capitalino, Walter Vuoto.
La reunión se produjo 48 horas después que la propuesta fuera presentada este lunes ante el Parlamento provincial, en respuesta a la falta de definición política entre el Gobierno de la Provincia y los municipios, después que el primero pidiera una declaración de certeza ante el Superior Tribunal de Justicia, al interpretar que la ley 648 podría no estar bien aplicada y que el porcentaje de los fondos coparticipables que ordena como inversión dicha norma, es el 25 por ciento del total de la masa dineraria que ingresa a Tierra del Fuego y no solamente de los que tiene el Poder Ejecutivo para su libre disponibilidad, como viene ejecutándose en la actualidad. Y en ese caso, que las municipalidades reciben un 25 por ciento más de lo que deberían, en desmedro de la inversión educativa.
En respuesta a esa posición, Vuoto y el SOEM coincidieron en recurrir a la legislatura, quien sancionó en noviembre de 2004 esa ley, para que la Cámara ratifique a manera de aclaratoria con la incorporación de un artículo 1º bis, y se exprese que el cálculo del 25% del presupuesto destinado a Educación se debe seguir efectuando sobre la base de los recursos de libre disponibilidad del Poder Ejecutivo. “Se entiende por presupuesto general de la Provincia, a aquellos fondos que son de libre disponibilidad para el Poder Ejecutivo Provincial; no implicando deducción alguna respecto de los recursos que, de acuerdo al régimen vigente sobre coparticipación o el que en el futuro reemplace, corresponde a los municipios”, cita el texto propuesto por el Edil del Frente para la Victoria y el Sindicato.
La reunión para debatir el asunto, que se desarrolló a partir de las 11 en la sede del Concejo Deliberante de la ciudad, contó con la presencia de representantes del SOEM y otros gremios municipales, y del intendente Federico Sciurano, que concurrió acompañado de la secretaria de Planificación Estratégica, Adriana Chapperón, y su secretario de Gobierno José Luis Ghiglione.
En la ocasión, los empleados municipales presentes manifestaron su acompañamiento a la iniciativa y solicitaron “mayor esfuerzo político para lograr consensos y acuerdos dentro de los propios partidos, para encauzar la defensa de los recursos de los municipios y lograr el mismo objetivo”, afirmando que la totalidad de los trabajadores del Municipio capitalino apoyan “todas las medidas para evitar que se recorten fondos de la ciudad”.
Por su parte, los empleados legislativos del propio Concejo Deliberante de Ushuaia nucleados en APELA, también se expresaron en favor del proyecto, recordando “la lucha de los concejales por la autonomía del Municipio”, por lo que se sumaron a este acompañamiento, “como sea necesario”. Aunque acusaron a el otro gremio legislativo (APEL) que, “así como la clase política se recrimina haber judicializado este tema, nosotros reprochamos la judicialización de la lucha gremial. Compartimos la concepción de que la Justicia tiene cuestiones mucho más importantes que atender”, ratificó.
De igual manera, el intendente Federico Sciurano reafirmó su acompañamiento al proyecto que según dijo “es una aclaración sobre lo ya establecido por la Ley respecto a la autonomía de los municipios y los recursos”, y señaló que “el bloque de la Unión Cívica Radical en la Legislatura Provincial está comprometido con que la Ley se siga interpretando correctamente”.
Sciurano celebró el debate generado a partir de la presentación de la propuesta ante el Parlamento provincial, y observó que “esta discusión excede lo partidario; estamos hablando de una posible quita en los fondos de la ciudad, para la comunidad de Ushuaia”.
En ese marco los concejales del oficialismo, Viviana Guglielmi y Oscar Rubinos, coincidieron en afirmar que el recorte en los recursos coparticipables que pretende realizar el Gobierno Provincial “significaría un grave perjuicio a la operatividad y el funcionamiento de los municipios y la provisión de servicios que perciben los vecinos”.
“Esta iniciativa (la de Vuoto y el Soem) es altamente positiva, y celebramos el gesto de responsabilidad del resto de los sectores en acompañar el proyecto de modificación a la Ley 648, que excede cualquier cuestión partidaria”, sostuvo Guglielmi, y aseguró que el acuerdo a la propuesta “debe darse no sólo desde una posición pasiva, sino tomando las riendas desde cada sector para llegar a la Legislatura”.
Por su parte, el referente del Partido Justicialista, Mario Llanes, destacó en primer lugar la participación de las distintas organizaciones gremiales que representan a trabajadores municipales, y manifestó su preocupación ante las declaraciones emitidas desde el Gobierno Provincial “planteando una situación que ya estaría definida, sobre el recorte a la coparticipación” lo que según afirmó “todavía debe definirse y en ese marco, acompañamos la propuesta presentada por el concejal (Walter) Vuoto”.
“Han fallado las dirigencias políticas al no poder alcanzar un acuerdo sin tener que involucrar al Poder Judicial”, observó Llanes, y en ese sentido presentó una propuesta para solicitar al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, una extensión en los plazos de su pronunciamiento sobre la interpretación de la Ley 648 “hasta tanto la Legislatura analice la propuesta presentada recientemente”.
El concejal del Partido Justicialista consideró que “la decisión al respecto debe basarse en posturas políticas, entre los responsables de la Provincia y los municipios, con la actuación de la Legislatura, sin tener que tocar fondos municipales” y agregó que desde su bloque estan “convencidos de que esta quita que pretende llevar adelante el Gobierno no refleja la interpretación correcta de la Ley”.

Bochicchio instó a sus pares a “esperar la definición de la Justicia y respetar el Estado de Derecho”

En contra posición a sus pares, el concejal del Partido Social Patagónico Silvio Bocchichio, sostuvo que “al surgir distintas interpretaciones de la Ley que define el financiamiento del sistema educativo provincial, y al no haber acuerdo entre el Gobierno y los municipios, no queda más remedio que esperar la expresión del Poder Judicial”.
“Es necesario respetar el Estado de Derecho y las Instituciones; aguardar el pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia y posteriormente la Legislatura deberá generar los mecanismos necesarios para evitar futuros inconvenientes similares sobre la aplicación de la Ley”, observó el edil, al afirmar que las medidas que se adopten posteriormente “estarán en concordancia con la disposición de la Justicia Provincial”.

Sesión especial este viernes

Los concejales de Ushuaia resolvieron ayer, durante el encuentro convocado por el edil Walter Vuoto, la realización de una sesión especial que se llevará adelante este viernes a partir de las 11 en la sede del Concejo Deliberante.
La propuesta fue planteada por el referente del Partido Federal Fueguino, Luis Cárdenas, tras manifestar su acompañamiento a la iniciativa que prevé una modificación a la Ley 648. “Son importantes todas las acciones políticas que traccionen y sirvan para defender los recursos del Municipio”, afirmó, al advertir que “nos encontramos con esta posibilidad de que de algún modo el Gobierno recorte recursos que le corresponden tanto a Ushuaia como a Río Grande, y si esto prospera le va a generar muchísimos problemas a los vecinos, más a la corta que a la larga”.
En la sesión especial prevista para mañana, los parlamentarios darán tratamiento a una minuta de comunicación dirigida a la Legislatura Provincial, expresando la adhesión del Cuerpo a la sanción del proyecto de modificación a la Ley 648 impulsado por el referente del Frente Para la Victoria y el SOEM, contra el recorte del 25% en los recursos coparticipables a los municipios.
Asimismo, los concejales prevén la aprobación de la iniciativa del Partido Justicialista en el Parlamento capitalino manifestando al Superior Tribunal de Justicia la necesidad de suspender la definición sobre la interpretación y aplicación de la Ley, hasta tanto se resuelva el tratamiento del proyecto de modificación en el ámbito de la Legislatura.

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