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n una rápida sesión, la Legislatura rechazó por unanimidad el decreto 2381/11, mediante el que el Poder Ejecutivo había convalidado la negociación para la finalización del puerto Caleta la Misión con la empresa la Piedrabuena SA. Además se aprobó el proyecto de ley que autoriza y regula la instalación en la provincia de hornos crematorios cadavéricos y el que modifica el régimen de subrogancias dentro del Poder Judicial.
También se derogó el artículo 23 de la ley de presupuesto 2010, por lo que el Ejecutivo y los titulares de entes autárquicos y organismos descentralizados perdieron la facultad para poder negociar por sí la prórroga de contratos y los plazos de realización de las inversiones previstos en ellos.
Otro de los asuntos aprobados por unanimidad fue la prórroga de funcionamiento por 180 días corridos de la comisión de seguimiento y reforma del IPAUSS. En esta iniciativa se fijó plazo de 45 días, con posibilidad de prórroga por igual lapso, para que el Tribunal de Cuentas certifique las deudas reclamadas por el organismo de la seguridad social.
A pesar de la presencia de representantes de ATE y de Gremios municipales que tibiamente manifestaron su oposición a la decisión legislativa, se convalidó la determinación adoptada por la comisión de labor Parlamentaria de remitir a archivo el proyecto presentado por el concejal Walter Vuoto y Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Ushuaia, mediante el que se pretendía clarificar los alcances de la ley 648 en cuanto al origen de los fondos que deben afectarse al financiamiento del sistema educativo provincial.
Con la ausencia del vicegobernador Crocianelli y de los legisladores Juan Rodríguez (UCR) y Jorge Lechman (MPF), la sesión presidida por el mopofista Damián Löffler se prolongó apenas por 70 minutos, tiempo durante el que se aprobaron sin debate y casi sin fundamentación alguna los 41 asuntos que integraba el Orden del día.
El primero de los temas abordados fue el proyecto de resolución por el cual se rechazó del decreto que ratificaba las negociaciones con la Empresa Piedrabuena por la continuidad de la obra del puerto Caleta La Misión, y se instó al Poder Ejecutivo a gestionar la finalización de esa obra. Aún cuando desde octubre del año pasado el tema nunca fue abordado en comisión, el radical Pablo Blanco justificó en Cámara esa determinación argumentado que “hace casi 1 año ingresaba a esta Legislatura el decreto del Ejecutivo ratificando un convenio con la empresa Piedrabuena sobre el reinicio, o la posibilidad de reinicio de la obra del Puerto Caleta La Misión. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha cumplido en nada lo que establecía el convenio con dicha empresa, razón por la cual se ha elaborado el presente proyecto de resolución rechazando la aprobación de este decreto e instando al ejecutivo provincial ha que realice gestiones a efectos de que sea una concreción la obra”.
De esta manera se puso fin a un nuevo paso en falso dado por la Provincia en torno a la obra en cuestión, que a más de 10 años de su inicio sigue siendo una promesa incumplida. Ello a pesar que durante la última campaña por la reelección de la Gobernadora, el partido de Gobierno se ufanó en sus cortos publicitarios de haber logrado que la postergada obra se convirtiera en realidad.
Los 13 parlamentarios presenten ayer en el recinto aprobaron el proyecto de ley de ordenamiento de hornos de cremación cadavéricos. La iniciativa autoriza la instalación de este tipo de hornos, previo estudio de impacto ambiental, dentro de los ejidos urbanos pero “fuera de las áreas o zona de uso residencial” y contempla la posibilidad de que puedan funcionar “dentro de los Cementerios siempre que no se instalan en los límites perimetrales”.
A solicitud del radical Blanco se aprobó sobre tablas una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, para incorporar a los jueces de Ejecución dentro del régimen de subrogancia del Poder Judicial, ya que desde que esos juzgados fueran creados en 2009, los titulares de los mismos no cubrían transitoriamente ningún otro por no estar ello previsto en la normativa vigente.
Además se aprobó un proyecto que prorrogó por 180 días corridos el funcionamiento de la comisión especial de evaluación y reforma del IPAUSS creada en marzo pasado por ley 865, y por el cual se instruyó al Tribunal de Cuentas para que un plazo de 45 días corridos, prorrogable por igual plazo, proceda a certificar la deuda con el organismo de la seguridad social.
