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os legisladores Juan Arcando, Héctor Tapia, Miryam Martínez y Adrián Liendo participaron en el seminario–taller “Juventudes y Salud Sexual y Reproductiva: Avances y Nuevos Desafíos”, que fue organizado por el Grupo Parlamentario Latinoamericano sobre Población y Desarrollo (GPI), y se realizó en el Senado de la Nación.
En ese ámbito, Arcando propuso “impulsar las adhesiones legislativas a normativas nacionales –y su consecuente ejecución– tendientes a mejorar el empoderamiento de los derechos consagrados en materia de Educación Sexual y Salud Sexual y Reproductiva”, con el objeto de que las mismas “se desarrollen con un mayor nivel de reglamentación y adecuación a las condiciones socio–culturales y demográficas de cada provincia, departamento, ciudad o pueblo”.
La propuesta fue incluida entre las potenciales acciones a desarrollar en las provincias, contempladas en el documento final del encuentro parlamentario.
Además, el parlamentario kirchnerista valoró el trabajo realizado en el marco del seminario–taller, ya que permitió “elaborar un diagnóstico y proponer un conjunto de acciones a implementar, a fin de fortalecer todo lo relacionado a la Educación Sexual y Salud Sexual y Reproductiva”.
Tras las exposiciones y debates sobre la legislación vigente, como así también de la ejecución de las políticas establecidas en dicha normativa, los parlamentarios plasmaron las siguientes conclusiones comunes:
* Existe en las provincias del Norte y de Cuyo una fuerte presión cultural y religiosa en contra de la ejecución de las políticas públicas de educación sexual y de salud sexual y reproductiva, como así también en la aplicación de la normativa sancionada y ratificada por la Corte Suprema de cumplimiento del Artículo 86 del Código Penal (aborto no punible).
* Se destaca que muchos Ejecutivos provinciales promueven adhesiones y firman convenios con el Ejecutivo nacional y después no aplican la ejecución de esas políticas en sus jurisdicciones.
* La existencia de material gráfico y digital en el orden nacional referenciado en la Ley de Educación Sexual Integral (Nº 26.150) que llega a las provincias y no se reparte territorialmente, o se distribuyen en los colegios sin instrumentarse un acción ejecutiva coordinada que cumpla lo establecido en las normas.
En base a esto, los parlamentarios recomendaron las siguientes acciones:
1) Solicitar al GPI Argentina para que, a través de las/los legisladoras/res nacionales, se pueda incorporar en la página web el informe del estado de situación de implementación efectiva de las leyes nacionales de Educación Sexual y de Salud Sexual y Reproducción Responsable en todas las provincias.
2) Solicitar al GPI Argentina la concreción de una Red Federal de Legisladores que coordine las acciones legislativas y de control de ejecución de las políticas públicas de Educación Sexual y de Salud Sexual y Reproductiva, en todo el ámbito nacional.
3) Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la ejecución de políticas de difusión masiva por medios digitales del todo el material de educación sexual y derechos consagrado en la legislación nacional con respecto a la salud sexual y reproductiva, a través de redes sociales y publicidad estatal.
4) Instar al Congreso Nacional para que sancione leyes que garanticen en todo el ámbito nacional las “condiciones obstétricas neonatales esenciales”.
5) Recomendar a los legisladores provinciales que integran el Consejo Federal Legislativo de Salud, que incorporen a su trabajo a los legisladores nacionales que integran las comisiones permanentes de salud de ambas cámaras del mismo.
6) Recomendar a los legisladores provinciales y/o municipales que trabajen en coordinación con el GPI impulsando las adhesiones legislativas a normativas nacionales –y su consecuente ejecución– tendientes a mejorar el empoderamiento de los derechos consagrados en las materias de Educación Sexual y Salud Sexual y Reproductiva, con el objeto de que las mismas se desarrollen con un mayor nivel de reglamentación y adecuación a las condiciones socio–culturales y demográficas de cada provincia, departamento, ciudad o pueblo, según corresponda.
7) Rechazo y repudio a todo tipo de sanción que pueda aplicarse a los docentes que difundan entre sus alumnos material informativo relacionado a Educación Sexual y Salud Sexual y Reproductiva, en el marco de lo estipulado por la Ley Nacional 26.150.
Por último, Arcando mencionó la coincidencia de los legisladores en cuanto a la necesidad de impulsar normativas que contemplen la incorporación plena de Educación Sexual y Salud Sexual y Reproductiva en los planes de estudio de las escuelas públicas.
