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a Unidad de Información Financiera (UIF) le pidió al conjuez Federal de Ushuaia, Antonio Aciar, que le impute a los abogados acusados de encubrir al represor Jorge Raúl Vildoza, los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación realizó esa solicitud en el escrito que presentó el jueves pasado ante el Juzgado Federal, pidiendo ser aceptado como parte querellante en la causa que investiga las actividades de Vildoza en la capital fueguina, a través de la empresa explotadora de casinos American Data SA.
Hasta el momento Aciar sólo investiga si el ex segundo jefe de la ESMA durante la dictadura estuvo en Ushuaia entre 2000 y 2001, cuando ya se encontraba prófugo de la Justicia, y si recibió para ello ayuda de los abogados Jorge Kreseer Pereyra, Demetrio Martinelli y Luis Campi.
Sin embargo, la UIF considera que el conjuez debe investigar el presunto lavado de dinero realizado a través de los casinos Oshowia y Casablanca, regenteados por American Data, y también el rol que desempeñaron los abogados, a quienes les atribuye ser cómplices de los delitos económicos del represor.
Por eso, las autoridades nacionales pidieron, incluso, que el juez proceda a realizar embargos preventivos, decomisos, inhibiciones generales y congelamiento de cuentas bancarias de los letrados sospechados de proteger a Vildoza, con el argumento de que se habrían quedado con bienes cuyo origen ilegal conocían.
“Un antecedente importante”
El presidente de la UIF, José Sbattella, viajó el viernes a Ushuaia por unas horas para reunirse con el conjuez Aciar y explicarle los detalles de la presentación realizada el día anterior por el abogado del organismo, Claudio Castelli, con el objeto de ser tenidos como parte querellante en la causa Vildoza.
“Esta causa es un antecedente muy importante para la investigación que nosotros hicimos y por la cual se aplicó por primera vez en la Argentina la ley antiterrorismo con los terroristas de Estado”, explicó el funcionario en dialogo con un periodista de EDFM, aludiendo a las medidas adoptadas sobre American Data en Buenos Aires, tras la detención de la esposa de Vildoza, Ana María Grimaldos.
Sbattella explicó que en el caso Vildoza, “es obvio que si hace 26 años que está prófugo, tiene detrás una red financiamiento. Esta gente posee mucho dinero acumulado del período en que se quedaban con bienes de desaparecidos y todavía funcionan como una unidad operativa económica”, señaló.
En ese sentido, recordó que “está muy bien que se investigue el daño físico en este tipo de causas. Lo que nosotros decimos es que estas estructuras económicas trascienden a las personas. Por eso vamos por ese daño que también han producido. De nada sirve meter preso, por ejemplo, a un gran narcotraficante, si no se afecta su poder económico”, indicó.
También agregó que según se ha determinado, “una persona prófuga no aguanta más de 48 horas sin financiamiento externo. De ahí que la UIF tiene la facultad de congelar los bienes sin intervención judicial para que luego el juez convalide la decisión”.
En relación al capítulo fueguino de American Data y al rol de los abogados, Sbattela consideró que “hay un nexo causal entre los bienes robados a los desparecidos y los que se siguieron administrando a partir de una red de lavado”. Y justificó por eso que se investiguen “delitos continuos” como el lavado y el financiamiento del terrorismo.
“Vinimos para poner en conocimiento del juez cómo se puede reenfocar esta causa a la luz de la nueva legislación, y a demostrar la voluntad política que existe de investigar este tipo de casos. Creemos que estas leyes generan una potencia en la investigación que no se estaba aprovechando. El sistema judicial a veces es muy laxo con estas causas y queremos revertir esa situación”, afirmó el presidente de la UIF.
Doble imputación
El escrito presentado por la UIF pidiendo ser querellante en la causa Vildoza tiene cincuenta y seis páginas de extensión, e incluye un pormenorizado análisis conceptual de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, además de las atribuciones legales del organismo.
Allí se hace hincapié en que Vildoza habría viajado a Ushuaia (entre 2000 y 2001) para “intentar revertir la decisión del Gobierno provincial de cerrar los casinos Oshowia y Casablanca propiedad de American Data”, y que al no poder lograrlo inició una acción judicial tendiente al recupero de cánones mal liquidados.
“El objetivo de Vildoza era recuperar ese dinero con el objeto de radicarse definitivamente en el exterior”, y su conducta “solo pudo realizarse en virtud de los actos de encubrimiento llevados a cabo por los abogados Martinelli, Kresser Pereyra y así también por Luis Campi, quienes realizaron una sumatoria de hechos de complicidad” y “valiéndose del conocimiento que tenían acerca del origen ilícito de esos casinos realizaron acciones tendientes a obtener una mayor ganancia”, puede leerse en el escrito, en función de la versión de los hechos que aportó como testigo el abogado de Misiones Oscar Beccaluva.
Siempre según esa hipótesis, la presentación considera que el rol de los letrados excedió el mero encubrimiento, ya que “le brindaban protección a Vildoza y blanqueaban el dinero producto de la apropiación de bienes de desaparecidos”, además de amenazar con entregarlo “en caso de no recibir el dinero correspondiente para esa tarea”, que era “el 50% de lo producido en los casinos” más el cobro de los cánones mal liquidados.
Estas circunstancias, de ser así, convierten a los abogados en “coautores del delito de lavado de activos”, mientras que “tampoco puede descartarse que no adecuen su accionar al colaborar en la financiación de la fuga del terrorista de Estado Jorge Raúl Vildoza, lo que significa colaborar en la financiación del terrorismo”, afirma el escrito al que accedió este diario.
