E
l vicegobernador provincial, Roberto Crocianelli, confirmó ayer que el Gobierno comparte en todos sus términos el acuerdo suscrito el lunes en Río Grande por los intendentes de las tres ciudades para superar el conflicto sobre la interpretación de la ley 648 y la distribución de fondos coparticipables.
De este modo, Crocianelli le restó trascendencia a la posibilidad de que exista un veto por parte de la gobernadora Fabiana Ríos a algunos de los proyectos de ley que tratará hoy la Legislatura para plasmar el contenido del acuerdo.
Es que si bien el documento fue suscrito por legisladores del oficialismo y contó con la intervención del ministro jefe de gabinete, Guillermo Aramburu, aún restaba una ratificación política del Ejecutivo que ejerció el presidente de la Legislatura hasta el retorno de Ríos desde Buenos Aires, ayer a la tarde.
“El Poder Ejecutivo está de acuerdo con los términos y condiciones del documento suscrito en Río Grande. Era el camino que se había trazado antes de las protestas del lunes. Jamás este Gobierno asfixió a los municipios, y no sé por qué esta vez se arengó que en este caso no iba a ser así”, enfatizó el vicegobernador.
Al respecto también señaló que “en cinco años de gestión saldamos la deuda histórica con las municipalidades con mucho sacrificio, creatividad y esfuerzo”, por lo que “la postura del Ejecutivo sigue siendo la misma”.
Por otra parte, Crocianelli evaluó que a partir del acuerdo con los municipios y si se sanciona la nueva ley tarifaria, el panorama económico provincial se tornará “sensiblemente más estable y equilibrado”, aunque señaló que todavía “tenemos pendientes la renegociación de los contratos petroleros, la industrialización del gas y la construcción de un electroducto submagallánico para exportar megas de electricidad al sistema interconectado nacional”.
Con respecto a obligaciones inmediatas, como el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos, el presidente de la Legislatura indicó que “se están terminando de cuantificar los ingresos del mes, y creo que va a ser posible pagarlo en una cuota en los primeros días de enero”.
“Sin arenga, no pasaba”
Aunque aclaró que su relación personal con el intendente de Ushuaia Federico Sciurano “nunca se resintió” y que en términos institucionales el Gobierno seguirá teniendo un vínculo “adulto y responsable”, el vicegobernador Crocianelli cuestionó ayer con dureza el desempeño del jefe comunal durante el conflicto por la ley 648.
“El sábado pasado tuve una conversación con él y ahora me encuentro con que aduce falta de diálogo o teléfonos descompuestos. Yo no tengo ninguna llamada perdida de él, y algunos funcionarios se ofrecieron a mostrarme sus teléfonos para ver si encontraban llamadas que provinieran de su número. Yo no quiero entrar en prácticas caprichosa ni infantiles”, advirtió el funcionario.
Pero en forma más directa todavía, el titular del Parlamento acusó a Sciurano de promover las protestas registradas en la ciudad.
“Si no hubiera habido alguien que lo arengue, esto no pasaba. Y la prueba es que en los otros municipios no pasó, aun cuando las situaciones eran idénticas”, disparó el vice, y agregó que “esas son las prácticas que cada uno tenemos y el tiempo y la sociedad nos juzgarán para bien y para mal”.
El funcionario admitió que la judicialización del conflicto se dio porque la clase política no fue capaz de resolverlo. “Ahora, una vez que se acudió a la Justicia hay que acatar el fallo. No puede ser que si no me gusta el fallo rompemos todo. Eso no es vivir en un estado de derecho”, insistió en criticar.
“No esperábamos tener una situación virulenta y descontrolada como la que se provocó en la ciudad de Ushuaia. Lo lamento mucho por todos los daños y por la energía que se volcó en algo que podría haber sido en términos más racionales”, declaró también el vicegobernador.
A su vez, Crocianelli cuestionó que ahora el intendente de Ushuaia promueve una ley tarifaria nueva “cuando hace 60 días no estaba de acuerdo con esta figura. Esto habla de la responsabilidad de gobernar. Necesitamos haber llegado adonde llegamos para que se entienda que si no actualizamos los mecanismos de recaudación de ingresos, la ecuación se rompe”, fustigó.
También dijo que “si se corrigen algunos números, no sería ni descabellado ni inviable” volver a un sistema de goteo diario de coparticipación a los municipios, y reconoció que el acuerdo del lunes implicó la cesión de intereses “de todas las partes en juego”.
El juicio de la constructora del Puerto de RG que caducó en el STJ
“Más allá del caso, la empresa tendrá otra oportunidad”
El vicegobernador Roberto Crocianelli confirmó el adelanto de ayer de EDFM acerca de que el Superior Tribunal de Justicia dictó la caducidad de instancia en el juicio administrativo iniciado por la UTE constructora del Puerto de Río Grande Ormas–Andrade–Gutierrez contra el Estado provincial, donde se reclamaban casi 95 millones de pesos de capital por gastos improductivos tras la paralización de los trabajos.
Según Crocianelli, aunque “todavía no pude ver en detalle la documentación, sí fui informado la semana pasada”.
No obstante el resultado de la causa, el funcionario aclaró que “tampoco se puede olvidar que el Estado en forma genérica ha sido responsable de la paralización de la obra”, por lo que “no hay que descartar que si se retoman los trabajos con financiamiento externo, tal vez la empresa tenga algún tipo de intervención, no como forma de resarcimiento, pero sí para darle otra posibilidad a estas personas que fueron perjudicadas porque los distintos gobiernos abortaron o dejaron caer la ejecución de la obra”.
“Seguramente se le permitirá que vuelvan a cotizar o que directamente intervengan porque además tenemos referencias de que se trata de una empresa competente y especializada en este tipo de construcciones”, señaló. |
