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a secretaria de Legal y Técnica, Patricia Bertolín, explicó los alcances de la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia por el “incumplimiento del acuerdo con la provincia” en materia de coparticipación, y dijo que “es el alcance que tiene cualquier sentencia no cumplida”.
La citada funcionaria indicó que “el pedido concreto que hicimos es que, en primer lugar la provincia brinde las explicaciones por el incumplimiento, y obviamente que corrija la situación”, remarcando que “la importancia de que se cumpla el acuerdo tiene que ver con el hecho de que la Municipalidad de Ushuaia merece tener previsibilidad para llevar adelante las obras que necesita la ciudad”.
En cuanto a los plazos de la Corte para pronunciarse al respecto, dijo que “habitualmente, el Superior Tribunal corre traslado a la otra parte”, por lo que entendió que “en los próximos días debe estar saliendo una resolución. Así que estamos a la espera de lo que se contesta”.
La titular del área Legal y Técnica de Ushuaia comentó que “esto parte del 2009, cuando la provincia no remitía en tiempo y forma los fondos de coparticipación”, por lo que “Río Grande hizo una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, y el Fiscal de Estado como representante de la Provincia pidió la intervención del Municipio de Ushuaia, conformándose la causa con el gobierno provincial, las dos municipalidades y la entonces comuna de Tolhuin”.
Anotó que el caso terminó “con una propuesta que envió el propio gobierno provincial, en cuanto a cómo iba a remitir los fondos de coparticipación, pidiendo que se le diera la oportunidad de elaborar una resolución desde el Ministerio de Economía para que le dijeran las municipalidades cómo se iba a establecer el envío de los recursos”.
Observó que luego “el Superior Tribunal de Justicia homologó ese acuerdo”, pero que si bien “en un principio (el acuerdo) lo cumplió, durante el 2012 los incumplimientos fueron cada vez más notorios, lo cual llevó a que la Secretaría de Hacienda y Finanzas de Ushuaia hicieran, prácticamente una vez por semana, reclamos por nota a la provincia para que regularice la situación”.
“Pero ante la situación insostenible, de haberse incrementado la deuda en más 80 millones de pesos, y de hacer caso absolutamente omiso al acuerdo, decidimos informar al Superior Tribunal de Justicia de que no se estaba dando cumplimiento a la resolución que la Corte misma homologó”, señaló la doctora Bertolín.
