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epresentantes del Gobierno provincial y del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) se reunieron anoche en Río Grande para analizar la viabilidad de una recomposición para el sector docente, que complemente la modificación de la ley 288 que reconoce el 100% de zona al ítem salarial antigüedad.
El gremio concurrió al encuentro de paritarias con la aspiración de lograr un salario igual a una canasta familia –alrededor de 11.000 pesos–, o “en el peor de los casos” el 100% de zona sobre el piso nacional, lo que redondearía unos 6500 pesos.
Allí se encontró con una propuesta del Ejecutivo de subir la función docente de todos al 100%, lo que según el SUTEF “significa 600 pesos de bolsillo en el cargo”.
Si bien la oferta será analizada, “se aclaró que tiene que haber incremento en el básico”, manifestaron desde la dirigencia gremial, y ante la solicitud de una nueva propuesta “el Gobierno contestó que al día de hoy no pueden modificarla”.
En todo caso, la oferta del Gobierno rondaba un 8%, es decir el mismo porcentaje que propuso en el primer encuentro de paritarias, cifra que desató el conflicto docente. Es decir, ni siquiera alcanzó al 10% contemplado como primer tramo del aumento del 23% que la gobernadora Fabiana Ríos había otorgado por decreto al sector, y que luego dejó sin efecto al aprobar la Legislatura la modificación de la 288.
La 288 ya fue promulgada
Por otra parte, el legislador Pablo Blanco (UCR) informó a la dirigencia del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina que el Poder Ejecutivo ya promulgó la modificación de la ley 288, que fuera sancionada por el Parlamento el pasado miércoles 27 de marzo.
En cuanto a la reglamentación del fondo de financiamiento de servicios sociales mencionó que el tema será abordado en una próxima reunión “luego de recibir información de Economía”.
Durante el encuentro mantenido ayer con integrantes del secretariado del SUTEF, el radical precisó que el proyecto que fuera acompañado favorablemente por 10 legisladores se convirtió en la ley provincial 922 y que “ya está en vigencia”, aunque todavía resta su publicación en el Boletín Oficial.
De esta manera se confirmó la decisión política adoptada por el Ejecutivo respecto de la iniciativa impulsada por el gremio docente, que fuera adelantada por el ministro jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu el domingo pasado, en la reunión que mantuvo con el sindicato. Según trascendió, la modificación, retroactiva a abril, se pagaría en mayo o junio.
