U
n gravísimo hecho policial sacudió a la opinión pública el pasado viernes, cuando se supo que un bebé de seis meses de edad había ingresado en estado grave al Hospital Regional Río Grande, luego de sufrir una golpiza.
En primer término todo apuntaba a centrar la responsabilidad en Jimena Andrade, de 30 años y docente del Centro Infantil Integrado, y en Paulo Álvarez, de 36 años, empleado de la empresa de seguridad privada y caudales Prosegur.
Finalmente, luego de ser indagados por el juez de Instrucción Eduardo López, Andrade quedó liberada por falta de mérito y a partir de allí las miradas se centran en Álvarez quien según la declaración de la mujer, estaba al cuidado del niño al momento de que se produjera el infortunado hecho.
En su declaración, Andrade manifestó que se retiró del domicilio que compartía con Álvarez para ir a buscar a su otro hijo y que al momento de llegar encontró a su pareja con el niño en brazos llorando con fuerza, hecho que los obligó a partir raudamente hacia el nosocomio local.
Luego, fue el turno del vigilador de prestar declaración, quien aseguró que el niño se había mostrado “molesto” durante todo el día, con llantos casi permanentes y que esa condición ya se percibía desde hacía un par de días.
Con los dos testimonios en mano, López dispuso la inmediata liberación de Andrade mientras que Paulo Álvarez continúa detenido. Sin dudas, a partir de ahora, la investigación se centrará en su accionar para poder determinar si tuvo responsabilidad en el hecho que terminó con el bebé derivado a un centro de mayor complejidad fuera de la provincia.
Conocida la decisión de la Justicia, Jimena Andrade manifestó sus intenciones de viajar prontamente a la ciudad de Buenos Aires para seguir de cerca la evolución de su pequeño hijo. Sin embargo, la docente se enteró de que pesa sobre su persona una orden de restricción dictada por el Juzgado de Menores a cargo de la doctora Susana García, situación que la impediría hacerse presente en el lugar donde el bebé es atendido.
