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espués de nueve años de investigación judicial, el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia hizo lugar a un pedido de nulidad y suspendió el juicio que había comenzado el lunes contra el ex administrador del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego, Gustavo García Casanovas, y la martillera pública Anna Boyadjián, en la causa que investiga la cesión de tierras parta saldar deudas con el organismo.
Los jueces Maximiliano García Arpón, Alejandro Pagano Zavalía y Roberto Magraner aceptaron un planteo de la defensa del ex funcionario manfredottista (al que adhirió el abogado de Boyadjian) y determinó la nulidad del requerimiento fiscal de elevación a juicio.
En la práctica, ello determina que el caso retornará a la etapa de instrucción para que el Ministerio Público vuelva a realizar la acusación y el tribunal determine la fecha de un nuevo juicio oral.
Sin embargo, la decisión también puede ser recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia, a través de un recurso de casación, lo que postergaría el enjuiciamiento al menos por otros dos años. El resultado podría ser que el caso prescriba y los imputados resulten absueltos de culpa y cargo.
Según los magistrados, el requerimiento fiscal resultaba ambiguo e impedía el derecho a defensa de los acusados. El argumento es llamativo porque bajo la misma acusación, el ex funcionario y la martillera se defendieron en declaración indagatoria y la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones dictó en 2009 el auto de procesamiento de ambos investigados.
En rigor, el procedimiento judicial en este caso parece repleto de hechos llamativos. Por ejemplo la causa fue elevada a juicio hace cuatro años, y durante ese período permaneció en el tribunal sin fecha de audiencia.
El lunes, en la jornada de apertura del proceso, la fiscal Marcela Bragulat resumió la acusación (o sea el requerimiento de elevación a juicio). La defensa de García Casanovas pidió precisiones sobre el hecho concreto que se le enrostraba a su cliente. Bragulat así lo hizo y la defensa consintió las aclaraciones.
Con posterioridad el tribunal pasó a un cuarto intermedio para comenzar con las declaraciones indagatorias, dando por superadas las cuestiones preliminares del juicio. Pero al regresar a la sala de audiencias, la defensa del ex administrador del Residual, ejercida por Francisco Ibarra, retomó el asunto de las irregularidades en la acusación y planteó la nulidad. La Fiscalía replicó que la oportunidad ya había transcurrido, y que correspondía seguir con el proceso. Los jueces pasaron entonces a un nuevo cuarto intermedio y al regresar a la sala dieron a conocer que aceptaban el pedido de nulidad y que, por lo tanto, el juicio quedaba sin efecto.
Tierras por deudas
El caso de las tierras se hizo público en 2004 tras la denuncia penal que presentaron los ex legisladores Manuel Raimbault y José Martínez, luego de verificar que varios empresarios y comerciantes de Río Grande, además de personas ligadas a la gestión del ex gobernador Jorge Colazo, saldaron deudas con el Fondo Residual por $ 3.700.140,89 mediante la cesión de 23 hectáreas pertenecientes al ex basural de esa ciudad, el 17 de septiembre de 2003.
La investigación involucró inicialmente a más de una decena de personas que participaron de la operatoria inmobiliaria, muchos de ellos pertenecientes al Grupo Nogar, pero finalmente se centró en las presuntas responsabilidades de García Casanovas y de Boyadjián, imputados del delito de defraudación contra la administración pública.
Según se desprende del expediente judicial, el impulsor de la supuesta maniobra delictiva fue José María Paz, fallecido luego en un accidente automovilístico, quien intervino como intermediario en la venta de los terrenos pertenecientes originalmente a Juan Martín Bulgueroni.
Paz habría sido quien operó con los empresarios y comerciantes que tenían deudas con el Residual para que invirtieran en las tierras a un precio más bajo que el que después era reconocido por el organismo dirigido por García Casanovas.
Boyadjián, por entonces esposa del ex ministro de Gobierno de Colazo, Enzo Filosa –también fallecido– intervino como tasadora del predio que después utilizó su marido para saldar parte de la deuda con el Fondo.
Otro dato valorado por la Justicia es que en medio de estas negociaciones, el Concejo Deliberante de Río Grande sancionó el 11 de septiembre de 2003 la ordenanza 1788 que transformó los predios de suburbanos a urbanos. Después el Ejecutivo municipal vetó la norma por decreto 1942/03 y el Concejo la insistió al mes siguiente.
