P
ara garantizar la salud de los habitantes de la provincia, especialmente aquellos más vulnerables, sobre bases de universalidad y equidad de acceso, el Poder Ejecutivo impulsa la creación por ley de un fondo de afectación específica de libre disponibilidad para financiar aquellas erogaciones que deba afrontar el Estado para la provisión de medicamentos, prótesis o prestaciones de salud dentro y fuera de la provincia de pacientes “sin cobertura explícita de salud por organismos de la seguridad social, empresas prepagas o seguros de distinta naturaleza”, como así también para aquellas “personas que integren la cápita del programa nacional Incluir Salud”.
El proyecto ingresado a la Legislatura el pasado 7 de agosto, establece que el Fondo para la atención de personas sin cobertura social se financiará con los aportes del Tesoro Provincial fijado por ley de presupuesto; por aportes del Tesoro Nacional destinados a tal fin; aportes solidarios de terceros y todo otro recurso no contemplado expresamente pero que comparta el objetivo del gasto, que serán administrados por el ministerio de Salud.
Será responsabilidad del ministerio de Economía, a través de la Tesorería General, transferir, a una cuenta especial habilitada al efecto en el BTF, “una cuota uniforme, consecutiva e igual, de enero a diciembre de cada ejercicio presupuestario”, cuyo monto se “desprenderá del total presupuestado para el ejercicio en curso”.
En atención a que este tipo de contrataciones están generalmente sujetas a razones de urgencia; exclusividad de la prestación o insumo a las características del tipo de gasto, el Ejecutivo sostiene que la tramitación de este tipo de gastos al amparo de la ley de contabilidad se torna ineficiente, e irracional en el marco de la ley de administración financiera y de la normativa que regula los fondos permanentes, el proyecto propone exceptuarlas de los requerimientos establecidos en la ley de contabilidad.
En materia de control de este fondo, determina que el seguimiento y control de los gastos lo realizará la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas “en el momento de su rendición, con posterioridad a la ejecución del gasto y cancelación de las obligaciones, para no comprometer o resentir el desarrollo de actividad, atento a las características especiales de las erogaciones”.
Si bien desde el 2012 funciona en ámbito de la cartera de salud un “fondo permanente para la atención de personas sin cobertura social”, que para este año cuenta con 31,5 millones de pesos, en el fundamento del proyecto se indica que “atento a los señalamientos del Tribunal de Cuentas, es que el Poder Ejecutivo pone en consideración este proyectos de ley con el objeto de fortalecer esta herramienta, que ha demostrado ser exitosa tanto en términos de garantía de políticas sanitarias como de organización de la economía y aprovechamiento integral de las riquezas provinciales”.
