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a Justicia de Ushuaia suspendió las declaraciones indagatorias de manifestantes docentes vinculados con la causa del ataque a la Casa de Gobierno producido el pasado 23 de mayo, que se iban a llevar a cabo hoy y mañana, confirmaron fuentes judiciales.
El titular del Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de la ciudad, Javier De Gamas Soler, adoptó esa determinación a solicitud del abogado del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) Juan Sánchez Otharán, quien representa a los dirigentes y afiliados involucrados en ese expediente penal.
Según trascendió, la causa del aplazamiento es que el letrado se encuentra fuera del país, y por lo tanto no iba a poder estar presente en las declaraciones donde sus defendidos serían formalmente imputados de la comisión de presuntos delitos.
Es por ello que el juez aceptó posponer esas indagatorias para las próximas semanas, cuando el abogado pueda participar del acto como ha sucedido en el resto de las citaciones a manifestantes docentes.
Para hoy estaba prevista la declaración de Juan Farreyra, mientras que mañana iba a hacerlo el secretario de organización de la entidad sindical, José Martínez.
La conducción del SUTEF había anunciado jornadas de “desobligación” en las escuelas para acompañar las medidas judiciales y el proceso que ellos denominan de “judicialización de la protesta social” en la provincial.
Sin embargo, pese a la suspensión, la medida de protesta se llevaría a cabo hoy de todos modos, en atención a otros reclamos que también lleva adelante el gremio.
Aunque no habrá movilización al edificio de Tribunales de Monte Gallinero, la dirigencia del sindicato docente mantiene vigente una queja relacionada con que en las declaraciones anteriores no se les permitió el ingreso a la sede judicial, cuyos accesos fueron custodiados por personal policial.
“Esperamos y deseamos que, quienes están allí encargados de la Justicia, no cometan la injustica de vulnerar el derecho de ingresar a un lugar público y el de manifestar un desacuerdo, como se ha hecho en las anteriores citaciones”, insistieron ayer en un comunicado.
Quince de treinta y nueve
La causa por los incidentes en Casa de Gobierno comenzó a gestarse por una actuación de oficio de la propia Justicia (en los momentos en que tuvo lugar el enfrentamiento entre manifestantes y la Policía) y luego se complementó por una denuncia que presentó el ministro de Gobierno, Gustavo Zanone.
En el expediente donde básicamente se investigan los delitos de daños agravados (por las roturas registradas tanto fuera como dentro del edificio gubernamental) y atentado y resistencia a la autoridad (hubo una veintena de policías heridos) hay 39 manifestantes imputados, entre docentes y camioneros que participaron de la protesta.
Si bien se hicieron públicas las indagatorias a integrantes del SUTEF, lo cierto es que durante las últimas semanas también declararon varios camioneros, con la asistencia letrada del abogado de esa entidad gremial, Dante Pellegrino.
Según las fuentes, en la actualidad ya se produjeron “unas quince declaraciones indagatorias”, y se espera que las restantes puedan finalizarse antes de la feria judicial de verano.
Hasta el momento los docentes mantuvieron la misma estrategia: hicieron uso del derecho a negarse declarar cuando les leyeron la imputación y les exhibieron los videos obrantes en la causa donde se los identifica dentro del grupo de manifestantes que se enfrentó con la Policía antes de ocupar finalmente el edificio por el lapso de ocho días.
El único que habló fue el secretario general del SUTEF, Raúl Arce, quien pronunció un discurso de tono político sobre el contexto del conflicto salarial pero aportó pocos justificativos a su propio accionar y el de sus pares.
Otro aspecto que debe resolver la Justicia son las solicitudes de mediación presentadas por la defensa de los acusados para evitar un eventual enjuiciamiento de sus asistidos.
Hasta el momento, tanto la Fiscalía ejercida por el fiscal Mayor Guillermo Massimi como la parte querellante (representada por abogados de la fuerza policial) se opusieron a esa posibilidad en varios de los casos concretos, pero el juez aún no se expidió y deberá hacerlo en algún momento del proceso que comenzó hace cuatro meses.
