E
l abogado de la empresa Medio Ambiente SA, Javier Da Fonseca, apeló el sobreseimiento que dictó el juez penal Eduardo López el mes pasado contra varios ex funcionarios de la Municipalidad de Río Grande durante la intendencia de Jorge Martín, acusados de favorecer a la firma Agrotécnica Fueguina en el proceso de licitación del servicio de recolección de basura realizado en 2008.
López sobreseyó a seis ex funcionarios luego de cinco años de investigación, durante los cuales también se negó a llamar a indagatorias a otras autoridades, como por ejemplo el propio Martín.
La causa Nº 13.184, caratulada “Da Fonseca, Ángel Javier s/ defraudación c/ la administración pública”, investiga si, por ejemplo, se le permitió a la empresa presentarse como oferente en una licitación pública mientras estaba en convocatoria de acreedores, o si se le aceptó la oferta después del plazo estipulado por el llamado licitatorio, entre otras supuestas irregularidades.
Como consecuencia de la investigación, el juez López dictó el sobreseimiento de la entonces directora de Compras y miembro de la Comisión de Contrataciones, Pamela Saldivia, de Sebastián Tessei y Armando Chiama, del contador General de la Municipalidad Federico Zapata, del integrante del Tribunal de Cuentas José Labrocca y del secretario de Finanzas, Paulino Rossi.
A su vez, el magistrado rechazó en su momento el requerimiento de instrucción sobre el entonces secretario de Gobierno, Pablo Blanco y sobre el ex intendente Martín.
El pronunciamiento dictado el 13 de noviembre fue recurrido por Da Fonseca antes del inicio de la feria judicial de verano y el expediente ya fue remitido a la Cámara de Apelaciones de la Provincia. Según trascendió, el letrado fue citado para ampliar en forma oral los fundamentos de la apelación, el próximo 25 de febrero.
Argumentos de la apelación
En el recurso de apelación de la resolución de primera instancia, Da Fonseca solicitó que se revoquen los sobreseimientos y que se procese a todos los involucrados por el presunto delito de administración fraudulenta, previa indagatoria de los que aún no fueron imputados.
El abogado critica también la demora de la Justicia en el caso, al sostener que fueron “más de cinco dilatados años en los que la actividad jurisdiccional a cargo del juez tuvo una parsimoniosa impronta, contra la cual esta acusación particular chocó permanentemente”.
Según el representante de Medio Ambiente SA (la empresa que perdió la licitación de 2008 a favor de Agrotécnica) los ex funcionarios riogradenses “direccionaron la licitación pública N° 9/2008 con la finalidad de favorecer a uno de los oferentes –en el caso, Agrotécnica Fueguina S.A.– provocando una enorme lesión patrimonial al erario público, con un sobreprecio que a valores históricos oscilaba en cien mil dólares estadounidenses mensuales aproximadamente, en un contrato de cinco años, habiéndose calificado los hechos como defraudación en perjuicio de la administración pública, aunque podría haberse calificado como peculado también”.
Sin embargo, el juez López descartó esas acusaciones, y sostuvo que, entre otros argumentos, la empresa ganadora ya no estaba en concurso de acreedores cuando ganó la licitación y que la presentación de su oferta no resultó extemporánea.
Para Da Fonseca, el fallo resulta “harto arbitraria”, y el juez “actuó más como un abogado defensor que como juez de instrucción”, afirma en el escrito recursivo.
También indicó que la empresa Medio Ambiente “con los mismos costos en equipos, mano de obra y por el mismo servicio, cotizó un precio mucho menos que el de Agrotécnica”.
