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a situación de la ex diputada María Adela Calchaquí, procesada por presunta defraudación a la administración pública al presentar un título secundario apócrifo para ingresar al Gobierno Provincial, tuvo un nuevo acontecer, ya que mediante el decreto N° 730 de la gobernadora Fabiana Ríos fue cerrado por prescripción el sumario administrativo que evaluaba el accionar de la ex diputada.
Pese al decreto que cerró el sumario administrativo, se abriría otro sumario contra la ex parlamentaria, tras la confirmación de la Cámara de Apelaciones sobre su procesamiento y la potencial inhabilitación para ejercer cargos públicos que se resuelva en el juicio oral y público.
Cabe recordar que en el 2013, Calchaquí firmó un acuerdo con el Ejecutivo provincial por el cual se comprometió a pagarle al Estado unos 68 mil pesos a modo de restitución del monto que en concepto de adicional por título secundario que percibió de manera irregular desde marzo de 1990 a diciembre de 2007.
Anteriormente, la Justicia procesó a la ex parlamentaria por presunta defraudación contra la administración pública mediante utilización de un documento falso, al comprobarse que había fraguado un título secundario de la escuela “Jerónimo Luís de Cabrera” en la Provincia de Córdoba, donde se corroboró que Calchaquí en 1981 había cursado “en forma incompleta 1º año turno mañana, adeudando matemática, y que pasó al turno noche donde cursó 2º año en 1982 y lo repite en 1983, quedando libre por inasistencia”.
De esta manera, la ex parlamentaria desde 1990 a 1997 cobró indebidamente en sus haberes el adicional por título secundario, al desempeñarse en la administración pública provincial.
El hecho salió a la luz, luego de que en el 2011 el conductor radial riograndense Carlos Muzzón realizara la denuncia ante el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado. En ese momento, Calchaquí se había presentado como candidata para la reelección como diputada, lugar que ocupó desde el 2007 hasta el 2010 representando al Partido Unión Federalista.
En su defensa la ex parlamentaria, sostuvo que era falsa la denuncia y la relacionaba a su postulación en las elecciones. Luego se comprobó el hecho cometido, lo que derivó en una denuncia penal y un dictamen del Fiscal de Estado, que solicitaba que la misma fuese exonerada de la administración publica.
Un año después de esto, la Gobernadora autorizó la adscripción por un año de Calchaquí a la Cámara de Diputados de la Nación, pero
antes de que venciera esa adscripción y tras una investigación la Justicia provincial la procesó por presunta defraudación contra la administración pública.
El último decreto
En el boletín oficial N° 3303 se publicó el decreto N° 730 donde en su artículo 1°, el Gobierno de la provincia decide “hacer lugar al Recurso Jerárquico deducido en subsidio por el representante de la agente María Adela Calchaquí”, contra la Resolución S.G.G. N° 001/ 2012, donde se solicita a la suscrita “la aplicación de la sanción de cesantía por encontrarse la agente mencionada, incursa en la causal establecida en el art. 32, inciso f) de la Ley Nacional 22.140, ello de conformidad a los considerandos precedentes y al Dictamen S.L. Y T. N° 212/14”.
Cabe recordar que el artículo 32 de la Ley Nacional 22.140 (Régimen Jurídico Básico de la Función Publica), se refiere a las causas de cesantía, entre las que se detalla en el inciso f) “incumplimiento de los deberes determinados en el artículo 27 o quebrantamiento de las prohibiciones determinadas en el artículo 28, cuando a juicio de la autoridad administrativa, por la magnitud y gravedad de la falta así correspondiera”. Asimismo el artículo 27 y 28, antes mencionados enumeran los deberes y prohibiciones del personal de la administración publica.
En tanto que en el artículo 2°, el decreto con fecha del 08 de abril firmado por Fabiana Ríos y el ex Jefe de Gabinete, Guillermo Aramburu, se declara “la prescripción para aplicar sanción a la nombrada por los hechos imputados en la investigación, conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nacional N° 22.140”.
El artículo 3°, dispone la notificación a la ex diputada, y el artículo 4° indica que se debe remitir copia del decreto y del dictamen de la Secretaria Legal y Técnica N° 212/14, al Fiscal de Estado de la Provincia.
