Contra el dueño de “Black & White” y otros cinco involucrados

Solicitan elevar a juicio causa por presunta trata de personas

23/10/2014
E
l representante del Ministerio Público solicitó el requerimiento de elevación a juicio en una causa donde se investiga una presunta trata de personas y que tiene a varios procesados por la Justicia Federal.
Víctor Antonio Morales, propietario del local nocturno “Black & White” (actualmente cerrado), y otras cinco personas más serán llevadas a juicio oral y público por el presunto delito de trata de personas, por una causa iniciada en marzo de 2010. Cristina Patricia Ramírez, Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia, María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Morales Ledezma; son las otras personas procesadas por la Justicia Federal.
El 20 de marzo de 2010, una mujer denunció en una comisaría de la ciudad de Rosario, Santa Fe, que su hija de 18 años había viajado a Ushuaia para ejercer la prostitución en un cabaret y que ese día le había enviado un mensaje de texto en el que la advertía a su madre de una situación sospechosa. La Fiscalía pudo establecer que no solamente esa mujer sería víctima de un caso de trata de personas con fines de explotación sexual, sino que habría otras que también habrían sido captadas en otras ciudades del país y trasladadas hacia la capital de Tierra del Fuego para explotarlas en “Black and White”.
El 27 de abril de 2012 se realizaron cinco allanamientos, tanto en el prostíbulo como en los domicilios particulares de los imputados y el lugar donde eran alojadas las víctimas. En esa oportunidad, se pudo secuestrar importantes sumas de dinero, un arma de fuego, medicamentos con la droga Oxapro 75 (utilizados para realizar abortos). El 15 de mayo de ese mismo año, el juez Federico Calvete dictó el procesamiento de los seis imputados y el 3 de octubre el representante del Ministerio Público solicitó el requerimiento de elevación a juicio, firmado por el fiscal ad hoc Fernando Pedro Rota.

La investigación

En las averiguaciones realizadas por la Fiscalía y según la prueba recolectada, Morales habría sido el encargado de captar víctimas en situación de vulnerabilidad, oriundas de diferentes provincias y países limítrofes, a través de falsas ofertas laborales o “recomendaciones” de personas allegadas para trasladarlas y explotarlas sexualmente en el histórico prostíbulo.
Cristina Patricia Ramírez, alias “Camila”, Daniela Alejandra Morales Ledesma, alias “Ale” y Mirta Jorgelina Puglia, alias “Marcela Rey”, “mami” o “mamá, habrían tenido a su cargo el funcionamiento del local y quienes llevaban el registro de la actividad de las mujeres en un libro de “pases”. Si bien las tres tenían el mismo rol, la última era quien inspiraba más temor a las víctimas ya que las amenazaba y ejercía el rol de “celadora”. Su participación resultaba esencial para el funcionamiento de la organización. No solamente vigilaba que nada se saliese del orden establecido por la organización criminal, sino que, además, sumaba infracciones para que se realizaran continuos descuentos. Si bien en la práctica, las chicas rara vez recibían dinero, esas multas servían de excusa para que los escasos montos se reduzcan.
De todas maneras, las tres eran las responsables de cobrar las cuotas de las deudas y multas y quienes les entregaban un comprobante del dinero que les correspondería, pero que, “por razones de seguridad”, las imputadas gentilmente guardaban. Esto se desprende de la declaración de las víctimas.
Con relación a María Cristina Ledesma, su rol consistía en cooperar con Víctor Morales (su ex pareja y padre de sus hijos) en la etapa del transporte de las víctimas a la ciudad de Ushuaia. Si bien el hombre solía encargarse de todo, en muchas ocasiones ella actuaba como si fuese su secretaria. Para el fiscal “es evidente que ella no podía desconocer la actividad que realizaba Morales y sus hijos, ni su finalidad de explotación sexual”.
Finalmente, Mauro Morales Ledesma servía las copas en la barra a los clientes aunque en ciertas ocasiones reemplazaba a alguna de las encargadas. Si bien su participación no era la misma que la del resto de los imputados, no podía desconocer la actividad ilícita que se realizaba dentro en el prostíbulo.
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