E
l abogado de Buenos Aires Alberto Bovino volvió a solicitarle al Consejo Provincial de la Magistratura que evalúe la posible destitución de los jueces Roberto Magraner y Maximiliano García Arpón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, por su vinculación con el presunto caso de firmas falsificadas de magistrados.
Si bien el Consejo ya rechazó una denuncia anterior por el mismo tema, el letrado considera que a raíz de la intervención de la Justicia Penal (que descartó la posible comisión de un delito por parte de los jueces) corresponde una nueva evaluación de los consejeros.
El pedido de Bovino realizado el pasado 23 de octubre, fue tratado en la sesión del cuerpo del 29 del mismo mes. Pero los integrantes del Consejo resolvieron, hasta el momento, tomar conocimiento de la presentación y llevarse copias individuales para analizar sus fundamentos. Con ello, es probable que el asunto vuelva al recinto en la sesión prevista para el 26 de noviembre.
El abogado defensor del ex Contador General de la Gobernación durante la gestión Manfredotti, Félix Donamaría –detenido en el marco del escándalo de la Contabilidad Paralela– denunció que son falsas las firmas de jueces en expedientes a los que tuvo acceso en ejercicio de la defensa de su cliente.
En forma puntual, refirió el caso de una firma del ex juez penal Leandro Álvarez, que involucra a García Arpón porque en ese entonces se desempeñaba como secretario del juzgado de Álvarez, y de otra rúbrica de Magraner en actuaciones tramitadas ante el Tribunal Oral.
El Consejo rechazó la denuncia sin ordenar pericias caligráficas, con el argumento de que esa actividad era propia de la Justicia Penal, y no del organismo, al tiempo que el presidente del Superior Tribunal y de la Magistratura, Gonzalo Sagastume, se autodenunció ante la fiscalía de turno, porque Bovino lo acusó de conocer el tema de las firmas falsas, y de no haber hecho nada.
La jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo, que intervino en el caso, rechazó la existencia de delito, pero siguiendo una línea de investigación controvertida. Ello porque si bien ordenó la realización de pericias, los estudios compararon las firmas cuestionadas, con otras elegidas al azar entre expedientes tramitados en el tribunal oral. Es decir que no se confrontaron firmas efectivamente verdaderas, con las sospechosas de no serlo. Y tampoco se consideró un peritaje aportado por el denunciante, y realizado por un perito calígrafo de Buenos Aires, en el que se sostiene que las rúbricas sospechadas son efectivamente falsas.
La resolución de Barrionuevo, rechazado el requerimiento de instrucción fiscal, fue comunicada al Consejo e ingresada en la última sesión del cuerpo, y es a partir de ese nuevo elemento que Bovino considera que deben reevaluarse las evidencias e iniciarse un proceso contra los magistrados involucrados.
Argumentos
En el escrito que ahora evalúan los consejeros, Bovino critica la investigación de Barrionuevo por “no haber investigado los hechos denunciados, sino otros”, y también tilda su decisión de cerrar el caso de “apresurada”.
Además, el abogado cuestiona el procedimiento utilizado por la jueza para finalmente no citarlo a declarar como testigo en el caso. Dice que primero se lo citó a un domicilio que no era el real, y que aun cuando se le advirtió por escrito del error, volvió a citarlo de un día para el otro sabiendo que no podría viajar porque en realidad vive en Buenos Aires.
También adujo que la magistrada desechó tomarle declaración por exhorto, o incluso traerlo por la fuerza pública, dada la obligatoriedad que tiene un testigo de declarar en causa penal.
“Lo que jamás debía haber hecho la Sra. Jueza fue aprovechar para apresurarse a resolver el caso sin nuestra declaración”, afirma Bovino en su escrito.
Y agrega: “¿A qué tienen tanto miedo Sagastume, Magraner, Álvarez y ahora Barrionuevo? Si las firmas no son falsas, ¿por qué no nos permiten examinar los originales y someterlos a un peritaje así nosotros también nos convencemos de que lo son? Porque ni nosotros ni nadie cree que las firmas denunciadas sean verdaderas”.
Según el abogado, dado que el Consejo pretendía que la Justicia investigara el caso, y como “la Justicia no lo hizo”, corresponde al organismo volver a abocarse a su análisis.
Recurso y causa pendiente
Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura rechazó en la última sesión un recurso extraordinario federal presentado por Bovino contra la primera desestimación de su denuncia. En la práctica, ello significa que la única apelación posible sería ante la Corte Suprema de Justicia.
Por otra parte, la jueza Barrionuevo tiene bajo análisis otra denuncia penal presentada por Donamaría, con el patrocinio de Bovino, en la que vuelve a denunciarse a Magraner y a García Arpón por presuntas firmas falsas.
Además, en esa denuncia, se acusa al juez del Tribunal Oral Alejandro Pagano Zavalía del delito de omisión denuncia. Es porque en la declaración indagatoria que prestó Donamaría en uno de los juicios donde fue condenado, comprometió al ex integrante del Tribunal de Cuentas, Rubén Herrera, como presunto cómplice en un caso de peculado. Y se sostiene que el tribunal debió haber ordenado que se extrajeran copias para investigar ese supuesto delito.
Barrionuevo aceptó como querellante a Donamaría en esa causa contra los jueces del Tribunal Oral, que aún sigue investigándose.
