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a causa judicial donde se investiga si existió lavado de dinero en las operatorias realizadas por la empresa fantasma Glisud SA, durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti, deberá continuar tramitándose en la Justicia provincial, y no en la Federal, según confirmaron a este diario fuentes ligadas al caso.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dirimir una cuestión de competencia entre el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación de Ushuaia, a cargo del juez penal Javier De Gamas Soler, y el Juzgado Federal de la capital fueguina, cuyo titular es Federico Calvete.
El máximo organismo judicial del país emitió una resolución en la que se inclina por la intervención del Poder Judicial fueguino, luego de que ambas jurisdicciones –la provincial y la nacional– se habían declarado incompetentes y habían considerado que la responsabilidad de investigar correspondía a la otra órbita.
El fallo dictado por la Corte el pasado 18 de noviembre, cita como jurisprudencia el caso “Renga Francisco, sobre competencia” y por ello concluye que “deberá entender en la causa en la que se generó el presente incidente, el Juzgado de Instrucción de Primera Nominación en el Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego”.
El argumento central de la medida es que pese a tratarse el lavado de activos de un delito federal, la hipótesis de lo sucedido indica, hasta el momento, que la fuente de los recursos ilícitos sería la propia corrupción provincial, y no otros delitos federales como por ejemplo el narcotráfico o la trata de personas.
La decisión de la Suprema Corte está firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
Pistas que apuntan arriba
Glisud es la firma fundada por dos ancianas indigentes y con domicilio en un prostíbulo de Buenos Aires, que operó durante la gestión del ex gobernador Manfredotti para adquirir créditos del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego a precios subvaluados.
La Justicia provincial ya procesó a directivos de la empresa vinculados con el manfredottismo y a ex directivos del Fondo Residual, en una causa relacionada con una operatoria de 2002. En ese expediente se sospecha (ya que aún no hubo juicio) que Glisud logró quedarse con varios préstamos del BTF a través de una operación fraguada, con una oferta falsa y la supuesta colaboración de los funcionarios públicos de la época.
Sin embargo, en otra causa paralela, el juez De Gamas Soler inició una investigación para determinar el origen de los fondos con que se llevó a cabo aquella operatoria.
El magistrado pidió entonces un dictamen del ex fiscal general de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Raúl Omar Pleé, quien se pronunció de manera lapidaria acerca de la necesidad de profundizar la pista del lavado.
El punto más saliente de ese dictamen es que Pleé pidió imputar del delito al ex vicegobernador Daniel Gallo, relacionado de diversas formas con la causa Glisud pero nunca indagado hasta la fecha.
En el documento de veinticinco páginas suscripto por el ex fiscal se solicita también investigar al presidente de Glisud, Enrique Pinto, a la vicepresidenta e hijastra suya, Melina Solari, a la ex representante de la empresa, Graciela D´adamo y al ex titular del Fondo Residual, Gustavo García Casanovas.
“Considero que existen variados elementos de prueba, directos e indiciarios, para suponer prima facie un aparente desvío de recursos provinciales bajo una misma dirección, extremo que, indiciariamente, determina el origen espurio del dinero que se aplicó a la compra de los títulos de deuda” con los que después operó Glisud en la provincia, sostiene Pleé en su dictamen. Y más directamente, el fiscal afirmó también que “los activos aplicados a la compra de títulos habrían provenido de un delito asociado a la corrupción del Estado”.
Después de ese pronunciamiento, y luego de haber adoptado una serie de medidas probatorias, como un allanamiento en una empresa uruguaya, De Gamas Soler declaró la incompetencia para seguir interviniendo y giró las actuaciones al fuero Federal, el 18 de marzo del año pasado.
No obstante, en ese ámbito primó el criterio de que el supuesto delito fuente del lavado fue la corrupción gubernamental, por lo que la causa debía seguir investigándose en el fuero provincial.
Ante la disidencia, el caso pasó a la Corte Suprema donde ahora se reafirmó la competencia de la Justicia fueguina.
