E
l Gobierno nacional multó el viernes por 1060 millones de pesos a 8 de los 11 fabricantes de automotores que tiene el país, por haber concertado precios y haber eludido beneficios impositivos en perjuicio de los consumidores de Tierra del fuego, según informó ayer el diario La Nación de Buenos y Aires y ampliaron luego numerosos medios de comunicación porteños.
La sanción fue establecida a través de la resolución 271 de la Secretaría de Comercio Interior que conduce Augusto Costa, y recién se publicará hoy en el Boletín Oficial Nacional. Es por eso que tanto las automotrices como los funcionarios y otros actores ligados al tema pidieron esperar a que se sepan más detalles de la medida, antes de fijar posiciones.
Igual, los medios adelantaron que las multas fueron de 150 millones de pesos para las empresas Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault y Volkswagen. También de 104 millones para Toyota y de 56 millones para Honda.
Por el momento, las sanciones no alcanzan ni a los importadores ni a las concesionarias de autos de Tierra del Fuego, que también fueron investigados por el mismo tema.
Para los fueguinos, el precio de los automóviles no constituye una discusión nueva. Comenzó en 2008 cuando el estudio jurídico de los abogados Federico Rauch y Antonio Aciar impulsó una serie de presentaciones tendientes a denunciar que las empresas comercializaban sus productos sin considerar la exención del IVA y otros impuestos nacionales.
El caso terminó en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un órgano consultivo dependiente de la Secretaría de Comercio Interior. La Comisión investigó todos los antecedentes, citó a representantes de las fábricas, a funcionarios y usuarios fueguinos. Luego emitió un dictamen lapidario que es el que ahora utiliza Costa como fundamento de las multas.
El Gobierno provincial celebró ayer la decisión y la calificó de “histórica”, aunque también pidió prudencia a los usuarios ante la posibilidad de que se puedan entablar juicios contra las automotrices y vaticinó que, como primera medida, lo ocurrido podría derivar en una baja del precio de los autos (ver nota aparte).
Por su parte desde el estudio jurídico Rauch y Aciar prefirieron no hacer declaraciones hasta no ser notificados formalmente de la medida.
Los abogados querían saber si además de las multas, la Secretaría de Comercio Interior le ordenó a las empresas el cese de las conductas reñidas con la competencia, y si se dejaba abierta la posibilidad de continuar la investigación respecto de los demás presuntos responsables de la maniobra.
Distintas posturas
El motivo que originó las sanciones a las automotrices está evidentemente relacionado con el hecho de que en la provincia rige un régimen impositivo especial fijado por la ley nacional 19.940. Es por eso que cuando las empresas venden un auto a la Isla, la situación es similar a cuando lo exportan a otro país, ya que no pagan IVA, ni otros impuestos internos y tampoco los aranceles de importación, cuando los hay.
La denuncia planteó que las concesionarias cobraban los mismos valores que regían en el continente y se quedaban con los montos de los impuestos que no debían cobrar.
Sin embargo, según consignó La Nación, la multa “no es por este tema”, sino porque, según Costa, las terminales actuaron de común acuerdo para fijar precios mayores que los que surgirían de la competencia.
Es por ello que la sanción dejó fuera a las fabricantes de camiones Iveco y Scania, y también a la división de pesados de Mercedes–Benz. “Mercedes también quedó eximida de la sanción por las operaciones de automóviles, ya que es la única que vende unidades de alta gama en la isla, donde Audi y BMW no tienen representación y tampoco están alcanzadas por la sanción. Mal podría la marca de la estrella acordar precios con quienes no son sus competidores”, explicó el matutino porteño.
El medio también consignó el punto de vista de las automotrices, para quien la medida resulta “muy desalentadora” y dará lugar a presentaciones judiciales.
Las firmas dijeron que la decisión “no tiene ni sentido ni fundamento alguno”, que “generará enormes desprestigio y daños a las operaciones locales” y “alejará por completo las pocas inversiones que todavía estaban disponibles para el país”.
Las compañías se quejan porque “para litigar hay que pagar la tasa de Justicia, que no es otra cosa que un porcentaje de los enormes montos involucrados”, mientras que, durante el pleito, “las sumas deben ser previsionadas en los balances como pasivos contingentes, ante la eventualidad de que un fallo adverso obligue a pagar. Eso castiga aún más los balances de un sector que estuvo este año una caída fenomenal de las ventas”.
“También se produce un daño tremendo a la reputación porque las compañías multinacionales deben reportar que sufren estos procesos en las bolsas donde cotizan sus acciones”, afirmó La Nación citando fuentes de las automotrices involucradas en las multas.
