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os responsables de la inmobiliaria denominada “Guzmán Ziade”, antes situada en la calle Leopoldo Lugones 1883 y ahora en la esquina de Puerto Español y Concejal Rubinos, continúan sumando denuncias judiciales por presuntas estafas que llamaron la atención de los investigadores abocados al caso.
Sin embargo, aunque la primera denuncia se ventiló en julio de 2013 (hace casi 18 meses) el comercio sigue atendiendo al público al tiempo que avanza una causa penal por cada vez más múltiples hechos.
Durante ese lapso, la inmobiliaria GZ fue, además, multada en al menos dos oportunidades por la Subsecretaría de Comercio Interior. En febrero de 2013 le aplicaron una primera sanción de 15 mil pesos por “no respetar las condiciones de prestación del servicio”. Y en abril de este año recibió una multa de 150 mil pesos por otra violación de la ley nacional de Defensa del Consumidor. En este caso se la acusó de “prácticas abusivas e incumplimiento de plazos y términos convenidos con el cliente”.
De todas maneras, nada parece amilanar al negocio cuyo propietario legal es Juan Marcelo Guzmán, y al que también está ligado Nieves Ernestina Leonor Ziade.
Fuentes judiciales confirmaron a este medio que ambos ya fueron indagados por el juez de Instrucción Javier De Gamas Soler, luego de una serie de dilaciones porque no se encontraban en la provincia, y que incluso habrían solicitado en esa instancia que los asistiera un defensor público.
Cadena de denuncias
Según relevó EDFM, en la causa penal contra los dueños de GZ se relatan al menos cinco supuestas estafas cometidas en los últimos meses.
“Los episodios se repiten porque mucha gente no conoce la forma de trabajar de esta gente y sigue yendo a la inmobiliaria. Lamentablemente hasta que no haya una sentencia judicial, pareciera que la situación va a volver a repetirse”, indicó una fuente de tribunales consultada por este medio.
Uno de los hechos que se investiga penalmente es el denunciado por la docente Hilda Alicia Guanactolay, quien pagó 190 mil pesos por un terreno ubicado en la calle Las Prímulas 280, tal como lo relató ella misma a este diario en julio de 2013.
Guanactolay firmó un boleto de compraventa el 18 de marzo de ese año, cuando GZ todavía funcionaba en la calle Lugones.
La mujer reclamó verbalmente primero tomar posesión del predio y ante las “diversas evasivas de los encargados de la inmobiliaria”, terminó entablando una demanda civil, de donde se desprendió que el inmueble se encontraba en trámite de ser inscripto a nombre de una tercera persona.
“Dicha circunstancia es la que le permite a la víctima suponer que, pese al compromiso asumido con ella y los derechos que le otorgaba el contrato y el cumplimiento de su obligación, los imputados habrían celebrado otro contrato”, puede leerse en la causa judicial.
Por su parte, el 20 de enero de este año, una pareja aseguró haberle entregado a los dueños de GZ la suma de dos mil pesos en concepto de seña para reservar un inmueble en alquiler.
La cesión de la casa fue pactada para el 10 de febrero, pero como ello no fue cumplido, los clientes reclamaron la devolución del dinero y recibieron por parte de los imputados distintas evasivas, como que “el inmueble aún continuaba en refacción”. En definitiva, sostienen que nunca les devolvieron el dinero.
Dos amigas, Patricia Vera y Verónica Cabrera, revelaron que la misma inmobiliaria le habría ofrecido a una de ellas (a Vera) el alquiler de una casa “a espaldas de su propietaria”, logrando el pago de 16.500 pesos en dos cuotas.
Según la denuncia, la “maniobra engañosa” comenzó el 20 de marzo de 2014, cuando Vera se presentó en GZ para solicitar la cotización de un alquiler para ella y su amiga que todavía residía en el norte del país.
Fue así como le ofrecieron un dúplex ubicado en Hipólito Yrigoyen 2050 (al fondo) pero “sin estar autorizada por la propietaria a ofrecerlo”. Los imputados exhibieron la vivienda desde el exterior para concretar la operación, poniendo como excusa que se encontraba en refacción.
“Al pasar los días, Vera recibió varios llamados de la imputada indicándole engañosamente que había otros interesados en la locación, razón por la que debía concretar la operación”, se indica en la causa. Así fue como entre el 25 y el 31 de marzo se pagaron tres meses de alquiler, dos por adelantado y un mes de depósito, aunque llegado el 1 de abril, la casa no se entregó.
Según Vera, cuando reclamaron, la inmobiliaria aceptó devolver solamente dos de los tres meses, pero recién en mayo, y cuando llegó esa fecha, el negocio estaba cerrado y nunca les devolvieron nada.
Otra mujer, Laura Del Valle Villegas, denunció que en enero de este año se presentó en GZ para alquilar un departamento y le ofrecieron uno ubicado en el barrio 80 Viviendas, al que sólo vio por fotografías.
Unos días más tarde les entregó a los responsables de la inmobiliaria un total de 18 mil pesos “en concepto de seña, alquiler, depósito en garantía y comisión de la inmobiliaria”. Pero nunca pudo acceder al departamento, y cuando reclamó, le prometieron la devolución del dinero, aunque ello nunca ocurrió.
