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ientras la gobernadora Fabiana Ríos se reunió ayer con funcionarios nacionales en busca de recursos para hacer frente al pago del remanente del medio aguinaldo a los empleados públicos, dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentaron un recurso de amparo en Río Grande para obligar al Gobierno a saldar la obligación salarial pendiente.
Ríos acompañada del ministro de Economía Osvaldo Monti, mantuvo un encuentro con el ministro Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y posteriormente con autoridades del Ministerio de Economía de la Nación.
La mandataria fueguina explicó en ambos casos la situación económica por la que atraviesa la provincia, y según informó el Ejecutivo, se “analizaron diversas herramientas de asistencia financiera” para Tierra del Fuego.
El Gobierno argumentó que “desde el mes de octubre se gestiona un esquema de financiamiento que incluya el pago de aguinaldo y la delicada situación del IPAUSS, teniendo en cuenta el fuerte impacto, que el déficit estructural del Instituto, genera en las arcas provinciales”.
También se mencionó que en función de estas reuniones, podría haber novedades acerca de una respuesta del Gobierno Nacional “en el transcurso de la semana”, para que a partir de allí pueda recién anunciarse el pago de la segunda cuota del aguinaldo.
Por su parte el amparo judicial fue presentado por el secretario general de ATE Río Grande, Marcelo Córdoba, y por la titular del Centro de Jubilados del gremio, Carmen González, con el patrocinio legal del abogado Nelson Iriarte.
Según se informó, se trata de un “amparo colectivo” para que se ordene al Gobierno el inmediato cumplimiento del pago del medio aguinaldo.
El caso quedó en manos del juez Pablo Duarte de Gouvea, y los demandantes aluden una violación a la ley de Contrato de Trabajo (20.744) y a la ley nacional 23.041, en los puntos referidos al Sueldo Anual Complementario (SAC) y a su liquidación en dos cuotas, en junio y diciembre de cada año.
A su vez, la conducción de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y del SUTEF (el gremio docente) presentaron una notificación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia, reclamando también la liquidación del SAC y anunciando que los empleados comenzaron con retención de tareas en distintos sectores de la administración pública a partir de ayer.
