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a gobernadora Fabiana Ríos declaró por decreto “lesivos para el erario público” y “nulos” a los actos administrativos que generaron una deuda de más de 11 millones de pesos del Estado provincial en favor de la empresa Celentano Hermanos, proveedora del servicio de comedores escolares y copa de leche desde 1998 hasta 2007.
La irregularidad ya había sido hecha pública por Ríos en septiembre del año pasado, cuando en conferencia de prensa anunció también la presentación de una denuncia penal contra ex funcionarios de las gestiones de los ex gobernadores Carlos Manfredotti y Jorge Colazo y miembros de los organismos de control.
Lo que ocurrió ahora es que una comisión investigadora creada especialmente para investigar el caso, finalizó su tarea con la elaboración de dos informes (el 1 y 2/14) donde se da por acreditado el pago en exceso a Celentano de 3,5 millones en el período 1998-2003 y de 7,5 millones en el lapso 2004-2005.
A raíz de ello, “las órdenes de pago emitidas adolecen de vicios de tal magnitud, que tales actos son nulos de nulidad absoluta”, indica uno de los informes citado por el portal Reporte Austral.
La Gobernadora firmó el pasado 9 de febrero el decreto 385/15 que además de declarar la lesividad y nulidad de las actuaciones, notificó de lo ocurrido a la empresa, la Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Mientras tanto, la jueza María Cristina Barrionuevo investiga desde el año pasado la denuncia penal que dio origen a la causa Nº 25.351, caratulada: “Celentano, Antonio Javier y otros s/defraudación, denunciante Ríos María Fabiana”, que tramita por ante el Juzgado de Instrucción 2 del Distrito Judicial Sur.
En la lista de imputados figuran, según mencionó la propia Gobernadora, “(el ex vocal del Tribunal de Cuentas) Claudio Ricciuti (el ex secretario contable) Emilio May y (el auditor) Rafael Choren”, además de los ex funcionarios “Fabiana Page, Gabriel Allegro, José Mallemacci, Juan Manuel Romano, Rafael Choren, Carlos Seoane y Horacio Sosa”.
Dos ceros de diferencia
En 2014, el Gobierno había expuesto que la comisión investigadora especial relevó un total de 345 expedientes administrativos, y halló pagos en más (a favor de la empresa) en el orden de los 11 millones de pesos.
Además, puntualizó las responsabilidades de los “miembros de organismos de control, vocales y auditores, además de ministros y tesoreros" por donde los expedientes pasaron “varias veces” sin que se detectaran las presuntas irregularidades.
El Gobierno argumentó haber encontrado unas 100 facturas cuyos montos no coinciden con las planillas presentadas por el proveedor para reclamar la deuda. Por ejemplo, “si la factura era de 450 pesos, en el anexo del proveedor figuraba por 45.000 pesos”, detalló entonces el ministro de Economía, Osvaldo Monti.
El resultado es que la empresa presentaba reclamos por deudas “infladas” respecto del contenido de las facturas. Y los poderes y órganos de control no detectaron nunca la diferencia. Tampoco ayudaba la metodología de pago, ya que muchas veces el Estado pagaba “a cuenta de expedientes en trámite” y sin que se terminaran de conciliar los saldos.
Monti precisó que el 17 de mayo de 2010, Celentano presentó una demanda judicial para cobrar dos acreencias del Estado: una de 21,1 millones de pesos vinculada con “algunos saldos adeudados del año 2000 a 2003” y otra de y de 4 millones “relacionados con el pago de las Letras de Tesorería y otros conceptos”.
“Allí se suscitaron una serie de acontecimientos a partir de distintas intervenciones de funcionarios donde se constata que se hicieron pagos a cuenta que no se imputaban contra una factura determinada, sino que se pagaban a cuenta de determinados expedientes que estaban aperturados en la administración”, describió Monti.
La defensa de Celentano
Por su parte el empresario Celentano ya se defendió de estas acusaciones, al señalar que “el Gobierno tiene como pagas más mercaderías de las que a mí me pagaron”.
La explicación abrió una hipótesis acerca de que “alguien” habría cobrado dinero en su nombre.
“Hay un cheque grande que se cobró por ventanilla en un banco de Buenos Aires, que me hubiera correspondido a mí. Se cobró con un documento y firma que no tienen nada que ver (con las míos) y por un monto que no se podría haber pagado nunca por caja. Fue por unos 500 mil pesos”, reveló el empresario.
No es la primera vez que la gestión Ríos denuncia presuntas irregularidades con la empresa Celentano. En 2008 denunció pagos en exceso de unos 43 millones de pesos durante el período 2005-2007, en que gobernaron Colazo y Hugo Cóccaro.
Sin embargo, la Justicia terminó sobreseyendo al empresario en 2013, tras concluir que todos los artículos facturados habían sido efectivamente entregados por la empresa al Estado. Allí se consideró que había un cupo real de beneficiarios de los servicios, superior a la matrícula consignada en los contratos, por lo que se descartó la sobrefacturación.
