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a Administración Nacional de Parques Nacionales (APN) denunciará por prevaricato a los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Ushuaia que suspendieron un juicio contra tres personas acusadas de talar ilegalmente más de 200 árboles dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, según confirmó ayer uno de los abogados del organismo.
El proceso oral y público contra los tres hombres responsables de la tala efectuada en 2005, durante la apertura de una senda, iba a comenzar hoy en la capital fueguina, pero el tribunal notificó a las partes la suspensión de la audiencia ante el pedido de aplicación de una “probation”, o suspensión del juicio a prueba, por parte de la defensa de uno de los imputados.
Sin embargo, desde la APN se recordó que la posibilidad de utilizar el mecanismo de la “probation” ya había sido descartada en última instancia por la Cámara Nacional de Casación Penal, por lo que volver a analizarla haría incurrir a los jueces en el delito de prevaricato.
“Es la primera vez en 30 años de profesión que veo a un tribunal alzarse contra una decisión de la Cámara de Casación Penal, favoreciendo a los imputados”, afirmó el abogado de Parques Nacionales Juan Manuel Ubeira, en diálogo con EDFM.
Ubeira recordó que el 23 de mayo de 2014, los integrantes de la Sala IV de la Cámara de Casación: Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky, hicieron lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y la querella y desecharon la “probation” como modo de resolución de este caso, disponiendo la realización del correspondiente juicio oral y público.
“Por un lado nos vemos sorprendidos por una decisión del tribunal que no tiene fundamentos. Pero lo más grave es el dispendio de recursos del Estado Nacional en la organización del juicio”, observó el abogado.
El miembro de la APN explicó que como testigos del proceso fueron citados los guardaparques que descubrieron el desmonte, quienes ahora cumplen funciones en otras jurisdicciones y tuvieron que viajar especialmente para la audiencia suspendida a último momento.
Entre los testigos se encuentra, incluso, el actual vicepresidente del directorio de la Administración de Parques, Daniel Ramos, que se desempeñaba en Ushuaia al momento de los hechos.
“Para nosotros se juzga un episodio grave, como es la violación de una propiedad federal para dañar parte del bosque cuya conservación es lo que se busca dentro de un área natural protegida”, enfatizó Ubeira.
Senda peligrosa
El caso sujeto a investigación se remonta a 2005, cuando la empresa Patagonia Spirit comenzó a abrir una senda, de unos cuatro metros de ancho, para unir la Ruta Nacional Nº3 con la Bahía San José, en la costa del Canal Beagle, donde pensaba instalarse un emprendimiento turístico.
El camino de 2202 metros de longitud bordeaba el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego, pero según el testimonio prestado en la causa por los guardaparques Bárbara Varela y Velino Macaya, el 6 de junio de ese año a las 10.30 se detectó que la traza ingresaba en tres oportunidades a los límites del parque, invadiéndolo en un total de 379 metros.
Las autoridades descubrieron, además, la rotura de alambrados y de mojones instalados para delimitar los puntos extremos del área protegida.
Pericias posteriores agregadas al expediente determinaron que la tala clandestina alcanzó a un número de entre 216 y 255 árboles de diferentes diámetros, afectándose 216 metros cúbicos de madera, 121 de lenga y 95 de guindo.
La investigación derivó en el procesamiento por el delito de “daño agravado”, que posee penas de hasta 4 años de prisión, del responsable profesional y técnico de la obra Oscar Bianciotto, del agrimensor Horacio Burgos y del maestro mayor de obras Orlando Rubén Mansilla Ruiz, mientras que el propietario de Patagonia Spirit, Juan José Drago, fue finalmente sobreseído.
“Creemos que al suspender el juicio en esta instancia, los jueces Ana María D´alessio y Luis Alberto Giménez caminan por el borde del prevaricato. La “doble probation” no es aceptable en ninguna legislación y lo ocurrido viola las garantías del debido proceso”, insistió Ubeira.
Por su parte el Tribunal Oral de Ushuaia no efectuó aclaraciones oficiales sobre el caso, aunque fuentes judiciales indicaron que la postura de los magistrados sería sostener lo resuelto, basados en que la reciente asunción en el cargo del fiscal Adrián García Lois, habilitó una revisión del planteo de la “probation” para los acusados.
