Denuncia contra empresas británicas y multinacionales

“El basamento legal está en convenciones internacionales”

21/04/2015
E
l fiscal que preside la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella, presentó ayer en sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, la denuncia formal contra las empresas petroleras que operan en aguas circundantes a las islas Malvinas.
Gonella llegó al edificio ubicado en Libertad 731 junto al fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport y el fiscal general de Ushuaia, Adrián Lois. En el lugar, sustanció la causa contra petroleras británicas y multinacionales que operan en las islas Malvinas y la plataforma continental argentina. A su vez, la acusación comprende la posibilidad de contrabando y violación a leyes medioambientales.
A su salida de la sede judicial, Gonella encabezó una improvisada conferencia de prensa donde contó que la presentación “delimita los hechos, identifica empresas, y solicita medidas de prueba además de medidas cautelaras respecto de la libertad de personas y el patrimonio de las empresas involucradas”.
“Hemos imputado a las empresas, denunciadas por Cancillería, pero pedimos además medidas para identificar a las personas que integran sus órganos directivos”, precisó al tiempo que justificó: “El basamento legal de la denuncia figura en convenciones internacionales, la Ley 23968 que establece límites marítimos y soberanía de recursos naturales, a 200 millas desde la costa argentina, y cualquier actividad dentro de ese margen debe contar con autorización del país”.
Para graficar la gravedad del hecho, entre las posibles penalidades para quienes infrinjan la normativa, el Fiscal explicó que “van de cinco a 15 años de prisión y severas multas por lo redituable de la actividad”.
“En forma alterna se agregó en la acusación la hipótesis de contrabando, si se han sustraído recursos de cualquier naturaleza sin control aduanero, además del impacto en el medio ambiente”, develó Gonella.
Finalmente, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos confirmó que “tenemos comprobado la extracción de recurso para su análisis y evaluar la producción de parte de las empresas involucradas”.
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