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l Gobierno de la Provincia calificó ayer de “satisfactorio” el fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que dejó sin efecto el recurso de amparo favorable a la empresa Casino Club, por medio del cual se impedía el cobro de cánones más altos por la explotación de máquinas tragamonedas en Ushuaia.
La Corte provincial resolvió por unanimidad hacer lugar a un recurso de casación presentado por autoridades del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA), y de esta manera resolvió un conflicto de larga data que había atravesado todas las instancias judiciales, con suerte esquiva para el Poder Ejecutivo.
El IPRA dictó en 2013 la resolución 749 que elevó el canon por cada máquina de 300 a 1800 pesos. La empresa se resistió a cumplir con la medida, en el entendimiento de que se estaba modificando un convenio suscrito en 2007, en el final de la gestión gubernamental de Hugo Cóccaro, y un acuerdo de 2011, ya en el mandato de Fabiana Ríos.
Además de presentar un recurso de reconsideración ante el Instituto, Casino Club acudió a la Justicia y logró el dictado de una medida cautelar y un recurso de amparo por parte de la ex jueza Civil de Ushuaia Adriana Rapossi. La decisión judicial “congeló” la resolución 749 que no llegó a aplicarse.
El IPRA recurrió el fallo de primera instancia, pero la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones confirmó lo actuado por Rapossi, manteniendo vigente el amparo.
Ahora el Superior Tribunal modificó ese criterio: dejó sin efecto el amparo y le ordenó a la Cámara que dicte otra resolución ajustada a la decisión del máximo tribunal fueguino.
No es la vía
El fallo del STJ fue dictado el pasado 15 de abril en la causa caratulada “Casino Club contra IPRA sobre amparo y medida cautelar”, aunque su contenido completo trascendió en las últimas horas.
En la descripción de los hechos, los jueces recordaron que según la postura de la empresa de casinos, el IPRA “quebrantó las pautas contractuales de la concesión de salas de juego, teniendo en cuenta la contratación original y lo acordado en 2006 y 2011”. Es por eso que, a través del amparo, se juzgó “nulo” el acto administrativo que elevó el canon de las máquinas tragamonedas.
Sin embargo, al analizar el caso, la jueza María del Carmen Battaini cuestionó que se haya utilizado la vía del amparo para tratar el conflicto de intereses.
“No parece razonable que el asunto deba resolverse en este cauce limitado, cuando el tema amerita que las partes puedan discutirlo en un ámbito de mayor amplitud”, escribió la magistrada, aludiendo a la posibilidad de haber iniciado un juicio civil ordinario.
Casino Club había argumentado que el cambio en el valor de los cánones le originaba un perjuicio económico y la necesidad de operar “a pérdida”.
No obstante, Battaini replicó que “la mentada alternativa de operar a pérdida no va acompañada de ningún fundamento numérico”. Y agregó que “no se entiende el relevante motivo por el que debe sortearse el procedimiento ordinario, cuando de lo que se trata, de llevar la razón la actora (Casino Club) es de un perjuicio patrimonial que ni siquiera se ha intentado aproximadamente justificar en su verdadera dimensión”, aseveró la jueza.
La resolución judicial también concluyó que “no pudo determinarse en este proceso, si hubo o no un incumplimiento contractual que fuerce a ponerle fin a un acto administrativo que se encuentra entre las competencias del IPRA”, señala el voto de Battaini al que después suscribieron los jueces Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik.
“Fallo esperanzador”
Por su parte el secretario de juego del IPRA, Jorge Giménez, dijo ayer que la decisión judicial permitirá al organismo “fijar el canon correspondiente y acorde al fallo de casación”.
Giménez aclaró que el nuevo valor del canon operaría para “una cierta cantidad de máquinas” ya que hay otras que se rigen por un decreto anterior y “continuarían pagando 300 pesos por tragamonedas”.
El funcionario sostuvo que “el IPRA tiene una gran satisfacción” porque “al menos se fijarán las pautas para poder empezar a discutir un precio que sirva al Instituto” y de esta forma “materializar el objetivo por el cual se creó el IPRA, que es recaudar fondos de la sociedad para volcarlos a la acción social, cosa que en los últimos años no ha podido hacer porque la situación financiera no lo permite. Es un fallo esperanzador para los objetivos de la institución”, indicó.
