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ediante conferencia de prensa, la gobernadora Fabiana Ríos, el legislador Héctor Tapia, la ministra de Salud, Adriana Chapperón, la presidenta del IPAUSS, Ana Villanueva, como así también los secretarios generales de ATE, Carlos Córdoba; del CECU, Pablo García y de UTHGRA Ramón Calderón, convocaron a todas las obras sociales, gremios y demás subsectores que componen el sistema de salud, a participar de una mesa de trabajo con el fin de confeccionar un nuevo nomenclador de prestaciones médicas.
Al respecto la Gobernadora relató que en diciembre del 2015, la Legislatura Provincial luego de 3 años, dio sanción a la Ley 1.004 presentada por el Poder Ejecutivo en el 2012, estableciendo en la misma el financiamiento del sistema de salud, esto fue “en relación a los intentos que hubo, algunos concretados, de arancelamiento de los hospitales públicos. Planteábamos en ese momento que el problema de los hospitales no tenía que ver con el pago directo sino con el pago de terceros financiadores”, explicó.
En el mismo sentido Ríos recordó que “la Ley 1.004 en su artículo 8 establece la construcción por primera vez de un nomenclador de prestaciones médicas provincial, indicando que tal prestación tiene un valor referencial de determinada cantidad de dinero, otorgándole al Ministerio de Salud la responsabilidad de construir ese nomenclador”.
Luego de varias reuniones con distintas obras sociales “nos encontramos con diferencias sustanciales en las prestaciones, por ejemplo entre Río Grande y Ushuaia. Existen diferencias en las prestaciones de acuerdo a la contratación que con cada obra social se hace, mucho más acentuadas son las diferencias con el hospital público”, afirmó la Gobernadora.
“Junto a estos representantes sindicales, pensamos en convocar a todos los representantes del sub sector de la seguridad social como el PAMI y prestadores privados, con el fin de trabajar articuladamente porque en la medida en que todos participen en la construcción de este nomenclador, no solo nos va a permitir establecer precios en condiciones razonables para que los financiadores puedan llevar adelante la financiación, sino que además permitirá la integración de los subsectores público, privado y de la seguridad social”, explicó Ríos.
Por su parte la Presidenta del IPAUSS, Ana Villanueva, celebró la oportunidad de “discutir con otros financiadores la posibilidad de acordar una grilla de valores en términos de mayor equidad, creo que hacerlo en conjunto con los trabajadores de la provincia, sean estatales o del sector privado, hará que las negociaciones se lleven adelante de otra manera, con mayor justicia, conllevando un gran ahorro para todas las obras sociales, no solamente para el IPAUSS”.
Asimismo los representantes sindicales de ATE, UTHGRA, CECU y UOM coincidieron en destacar esta iniciativa de trabajo conjunto para lograr un nuevo nomenclador de prestaciones médicas, a través de una discusión que, no solo ordenará, sino que fijará un nivel de prioridades conforme a los requerimientos de cada uno de los sectores.
Por su parte, La Ministra de Salud ubicó la importancia de la tarea enunciada en el hecho de que “nos va a permitir ordenar los valores de las prácticas médicas, y a partir de ahí, cada una de las obras sociales tendrá la libertad de poder establecer sus propios convenios”.
La titular de la cartera sanitaria fueguina adelantó que “también va a estar invitado a esta discusión el sector privado, ya que es una parte fundamental de la salud de la provincia” y anunció que la próxima reunión se realizará el próximo viernes, en Ushuaia y en Río Grande, “para discutir estos valores y en adelante tener un piso que va a servir para marcar la postura de la Salud Pública respecto al costo de cada una de las prestaciones”.
La doctora Chapperón consideró que “la invitación al efector privado a formar parte de esta mesa va a permitir a todos sincerar cuáles son los valores reales de las prácticas médicas”.
En otro orden de cosas, la Ministra insistió en la necesidad de “trabajar en una Ley de Salud que no solamente reglamente la Salud Pública sino que también ponga algunas consideraciones sobre la salud en general, tanto del sector público como del privado, para que en este marco podamos trabajar articuladamente, inclusive trayendo la tecnología y los recursos humanos que se necesitan, compartiéndolos para abaratar los costos”, en el entendimiento de que eso “redundará en un beneficio para la comunidad en su conjunto”.
