I
ntegrantes de asociaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres volvieron a pronunciarse ayer contra la posible condena a una mujer fueguina de 32 años, que hace cinco se sometió a un aborto clandestino por no conocer la facultad de requerir la autorización legal para casos de abuso sexual, violencia de género y riesgo físico de proseguir con el embarazo.
La abogada Solange Verón, que patrocina a la mujer en representación del colectivo feminista de Tierra del Fuego La Hoguera, pidió a la Justicia que se “abstenga de condenar este tipo de situaciones” e insistió en la “absolución” de su defendida, sin “ningún tipo de mecanismo que implique un resarcimiento o sanción de cualquier clase”, afirmó.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia debe merituar un pedido del fiscal Nicolás Arias, quien solicitó la aplicación de una condena de un año de prisión en suspenso.
La instancia del juicio oral fue suspendida por acuerdo de las partes para evitar que se ventilen aspectos íntimos de la causa, por lo que la definición del expediente se producirá en el marco de un procedimiento escrito, explicaron fuentes judiciales.
La defensa de la mujer, que ahora tiene tres hijos y reside en la ciudad de Río Grande, también se negó a apelar a la instancia de la “probation”, o suspensión del juicio a prueba, por entender que representaría, de todos modos, la aceptación de una responsabilidad que no tuvo.
“Si bien podríamos haberlo hecho, por el monto de la pena, nos pareció que no correspondía. Si la probation se aplica para casos insignificantes, nosotros decimos que esa condición juegue a favor de nuestra defendida. Es decir que si no hay pruebas para demostrar el hecho, y además hay vulneración de derechos básicos, corresponde la absolución”, fundamentó Verón en dialogo con EDFM.
También señaló que la causa “debe servir para revertir la falta de acceso de las mujeres al derecho del aborto no punible, que es el fondo de la cuestión. Y para reflexionar sobre el ejercicio de ciertas prácticas judiciales”, subrayó.
El caso tuvo repercusiones nacionales luego de una nota aparecida en el diario Página 12, de Buenos Aires.
Nulidades o absolución
Los jueces encargados de resolver el caso también recibieron un “amicus curiae” (amigos de la corte) con la opinión de especialistas de numerosas organizaciones, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Católica por el Derecho a Elegir, la Asociación del Pensamiento Penal, Amnistía Internacional y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
“En el país se debate la violencia de género con consignas como “Ni una menos”, y hay un debate legislativo sobre el aborto, y en ese contexto no se pueden permitir más condenas como la que se solicita en este causa”, opinó Verón.
Las organizaciones recordaron que la mujer atravesó situaciones de violencia de género con su ex pareja que están demostradas en el expediente, además de sufrir una dolencia que hubiera puesto en riesgo su salud integral de continuar con el embarazo.
Además, “el proceso judicial lleva cinco años sin resolverse y estuvo plagado de nulidades, desde el origen de las escuchas telefónicas que se incorporaron como prueba, hasta la solicitud a centros de salud públicos y privados para que informen sobre prácticas abortivas, lo que vulnera los derechos a la intimidad de los pacientes y la libertad sexual”, razonó la abogada de la ONG fueguina.
La Justicia de la isla llegó al caso de la mujer mientras investigaba el crimen del artista plástico Miguel Pereyra en 2010, ya que una de las involucradas era la ex pareja de la víctima y se ordenaron escuchas sobre sus comunicaciones telefónicas.
El resultado fue que aparecieron diálogos donde la sospechosa, luego absuelta del homicidio, se refería a la realización de abortos clandestinos a otras dos mujeres, por lo que las tres quedaron implicadas en una causa paralela donde se investigó a quien llevaba a cabo las prácticas, y a quienes concurrían a efectuárselas.
