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os ex funcionarios públicos y una decena de proveedores del Estado serán juzgados a partir de hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, en el marco del denominado “escándalo de la contabilidad paralela” durante la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti.
Los acusados de haber cometido el delito de peculado en calidad de autores son el ex secretario de Hacienda y ex Contador General de la Provincia, José Roberto Merlino, y el ex subcontador General a cargo de la Contaduría General de la Provincia, Félix Victorio Donamaría.
Por su parte como presuntos partícipes primarios de la misma maniobra figuran Dardo Jorge Montané; Víctor Hugo Ponce; Claudia Virginia Pérez, Norma Fabiana Ponte; Pablo Daniel Godoy, Jorge Adrián Herrera, Sara Esther Beban, José Sehara Chiazzaro, Daniel Martínez Ullan y Vanesa Mariel Giles.
La “contabilidad paralela” fue una modalidad de pago a proveedores del Estado utilizada durante buena parte de la gestión de Manfredotti. Consistía en la adquisición de bienes y servicios sin que mediara ningún expediente administrativo que respaldara la operación. Se pagaba “por anticipo”, contra la simple presentación de una factura y a veces ni siquiera eso. Los importes liquidados quedaban asentados en un sistema informático adquirido a tal efecto, y ni siquiera devengaban de las partidas asignadas por presupuesto, de ahí que se considerara al sistema como “paralelo”.
Solamente entre 2002 y 2003, se estima que el Estado fueguino erogó de esta forma $191 millones de pesos de la época. Sin embargo, luego de que la maniobra fuera denunciada en 2004 por los ex legisladores Manuel Raimbault y José Martínez, la Justicia comenzó una lenta investigación que terminó focalizándose en los últimos seis meses del período de gobierno.
El Tribunal de Cuentas, denunciado por no haber detectado nunca la maniobra, terminó emitiendo el informe que sirvió de base para la acusación, donde se reportan pagos sospechosos por 8,7 millones de pesos divididos en 26 operaciones distintas.
El abogado defensor de Donamaría, Alberto Bovino, planteó a comienzos del año pasado, que su cliente iba a ser juzgado por casos casi idénticos el 17 de marzo, 15 de mayo, 3 de julio y 15 de agosto de 2014, y el 27 de abril de 2015. Y argumentó que en todas las causas los imputados son los mismos, igual que la mayoría de las pruebas y los planteos de las partes.
El Tribunal Oral aceptó el planteo del defensor y unificó las causas pendientes para realizar un único juicio que comenzará hoy.
A su vez, el fiscal Mayor de Ushuaia, Guillermo Massimi, solicitó la omisión de debate, pero la defensa de Donamaría no estuvo de acuerdo y por eso los jueces avanzaron con el proceso.
Al momento de iniciar las audiencias, Merlino y Donamaría se encuentran detenidos por registrar condenas anteriores a penas de prisión efectiva, aunque Donamaría goza del beneficio de la prisión domiciliaria en razón de su edad.
El juicio será presidido por el juez Alejandro Pagano Zavalia, con las vocalías de Maximiliano García Arpón y Guillermo González. Bovino los recusó a los tres, luego de que el tribunal se negó a hacer lugar a un planteo de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, pero los magistrados también rechazaron la recusación.
La defensa de Donamaría intenta demostrar que los roles desempeñados por este ex funcionario y por Merlino fueron muy distintos, en principio porque el ex secretario de Hacienda estuvo presente en buena parte de la gestión manfredottista, mientras que el ex contador lo fue sólo en el último semestre.
A Merlino se le atribuye, incluso, haber sido el autor de la circular 12/02 que justificaba los pagos por anticipos. En cambio Donamaría, si bien rubricaba las órdenes de pago a pedido del secretario, y utilizando un sistema que se aplicaba desde hacía varios años, no hay ninguna evidencia que lo conecte con el andamiaje de corrupción montado para sustraer dinero del Estado.
Otro eje de la defensa es que la Justicia se centró en el último tramo del gobierno pero omitió investigar todo el resto, donde se produjo el mayor desembolso de dinero. Y tomó como base probatoria un informe realizado por el Tribunal de Cuentas que, según la denuncia, debió ser investigado también como cómplice del escándalo.
De hecho en las audiencias de casación, que se tramitaron ante el Superior Tribunal de Justicia para revisar las sentencias ya dictadas por el Tribunal Oral, se puso en tela de juicio el rol de algunos miembros del organismo de control, y de los jueces y fiscales que intervinieron en los comienzos de la investigación.
