E
l Ministerio Público Fiscal solicitó penas de entre cinco y siete años de prisión para los seis imputados de integrar una banda de trata de personas que operaba en el local nocturno “Black And White” de la ciudad de Ushuaia, donde fueron rescatadas 18 mujeres en abril de 2012, mientras que la defensa requirió la absolución de los acusados y planteó nulidades de procedimiento.
Las definiciones judiciales se produjeron en la jornada de alegatos del juicio oral y público que se desarrolla en la capital fueguina desde el pasado 26 de agosto, y que ahora pasó a un cuarto intermedio hasta el miércoles 23 de septiembre, según confirmaron fuentes oficiales.
El fiscal general del distrito fueguino, Adrián García Lois, y el fiscal Abel Córdoba, pidieron una condena de siete años de prisión efectiva para Víctor Morales, el dueño del conocido cabaret de Ushuaia y presunto jefe de la organización dedicada a la captación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad social para su posterior explotación sexual.
Además, los fiscales solicitaron la aplicación de una pena de cinco años de cárcel para Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja de Morales, y para Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia, María Cristina Ledezma y Mauro Luciano Morales Ledezma, varios de ellos parientes del dueño del lugar.
El Ministerio Público consideró que todos resultaron coautores del delito de “trata de personas” agravada por la participación de más de tres personas y por la existencia de más de tres víctimas.
El juicio que se había suspendido el jueves 10 debido a la recusación presentada por el defensor de los imputados, Raúl Paderne, contra los jueces del Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, se reanudó al día siguiente luego de que el planteo recusatorio fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
Los jueces Luis Giménez, Ana María D`alessio y Alejandro Ruggero abrieron entonces la etapa de alegatos de las partes, que se realizaron, incluso, el sábado a la mañana, en día y horario inhábil para la actividad judicial.
Los fiscales García Lois y Córdoba dieron por demostrado que, al menos desde marzo de 2010 hasta abril de 2012, la organización se dedicó a “captar, transportar, recibir y acoger mujeres residentes fuera de la provincia, abusando de su extremo grado de vulnerabilidad social y mediante engaño, con la finalidad de explotarlas sexualmente”.
La acusación precisó que Morales “se encargaba de captar a las mujeres, muchas veces mediante avisos publicados” en el diario Clarín, mientras que el resto de los acusados cumplía “diferentes roles” en torno a las actividades de explotación que se desarrollaban en el local nocturno ubicado en la calle Antártida Argentina 173 de la capital fueguina.
Los engaños incluían “desde la naturaleza de la actividad” que iban a cumplir las mujeres, hasta “el sueldo que iban a cobrar”, mientras que una vez en la ciudad ingresaban en un sistema de endeudamiento por “pasajes, ropa, medicamentos” y de multas “por llegadas tarde, no ir a trabajar o no limpiar”, del que “nunca podían salir”, mencionó el alegato fiscal.
Las víctimas captadas “carecían de la posibilidad de autodeterminación y de la voluntad para elegir otra forma de vida”, en tanto que una vez en Ushuaia “mientras ella sufrían en Black And White, los explotadores y tratantes se enriquecían”, advirtió García Lois en su exposición ante el tribunal, que junto a la del fiscal Córdoba tuvieron tres horas de duración.
También hizo hincapié en las decenas de “pastillas abortivas” secuestradas en el marco de la investigación, lo que demuestra que las mujeres “quedaban embarazadas de manera frecuente, y tenían que interrumpir ese embarazo, sin posibilidad de tomar reposo y estando obligadas a seguir trabajando”.
Postura de la defensa
Por su parte el defensor Paderne centró su alegato en demostrar que las mujeres viajaban a Ushuaia “por su propia voluntad” y “sabiendo qué actividad iban a desarrollar”, en el marco de “un negocio lícito que estaba permitido y reglamentado por ordenanzas municipales vigentes”.
Paderne citó el testimonio de las propias mujeres rescatadas, donde aludían a que “no había violencia, no se les cobraban multas ni les retenían la documentación”, al tiempo que citó los estudios médicos ginecológicos y de control de HIV que se les practicaban, para señalar que “todo se hacía sin ningún tipo de ocultamiento”.
“Este es el juicio de la ficción y de la hipocresía. Todos sabían lo que pasaba en el local nocturno. Las mujeres no eran obligadas a nada. Se prostituían, pero por decisión propia”, aseveró el abogado.
Además, el defensor planteó la nulidad del alegato, al entender que incluyó la acusación por el delito de trata de personas, pero en “concurso ideal” con el de explotar la prostitución.
Según el letrado, de esta forma, los fiscales acusaron por un delito que no es el mismo por el que se realizó el juicio, impidiéndole a sus clientes defenderse de ese nuevo ilícito.
Los fiscales replicaron que la acusación se realiza en función de hechos, y no de calificaciones legales, las que pueden cambiar durante el desarrollo de un juicio sin afectar el derecho a defensa.
El Tribual resolvió después de los alegatos pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles 23 de septiembre, en que se oirán las últimas palabras de los acusados, antes de que los jueces se retiren para deliberar y emitir un veredicto.
